Foto: J. Fernández Ortega
Pedro Sánchez da tres meses a Baleares para crear el registro de objetores al aborto. En una carta oficial, el presidente del Gobierno advierte que la ausencia de dicho registro “limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley” y recuerda que todas las comunidades autónomas deben dotarse de este mecanismo, según lo establecido en la normativa aprobada.
Fuentes gubernamentales señalan que, de no cumplirse el mandato en el plazo fijado, se activarían los "mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”. La ley orgánica de salud sexual y reproductiva, vigente desde 2023, obliga a todas las comunidades a disponer de este registro.
Además, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en diciembre de 2024, aprobó por unanimidad un protocolo de coordinación para garantizar que el registro sea operativo en todos los territorios.
Baleares se ve especialmente señalada en la misiva del Gobierno, junto con otras tres comunidades, por la demora en la implementación del registro. La urgencia que impone el Ejecutivo pretende evitar situaciones de desigualdad: comunidades que ya cuenten con el registro frente a otras que no, lo que podría traducirse en diferencias reales en el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo según el territorio de residencia.
Aunque la norma es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, la velocidad con que avanzan en su implantación ha sido desigual. En comunidades con mayor proactividad institucional puede ya existir cierto desarrollo normativo o técnico del registro; otras, como las señaladas por Sánchez y entre las que se encuentra Baleares, están todavía pendientes de organizar los instrumentos legales, administrativos y técnicos necesarios.
El Gobierno considera imprescindible ese registro porque, sostiene, de esta forma se podrá planificar mejor la prestación sanitaria, asegurar que exista personal disponible para practicar la interrupción voluntaria del embarazo y que el derecho se ejerza con garantías en toda España.
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