El Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza ha notificado al Ayuntamiento de Santa Eulària que debe ejecutar de forma subsidiaria (de forma que, posteriormente, se le reclamará el importe de los trabajos a los propietarios de la casa) la demolición de buena parte de los elementos anexos a una vivienda situada en la calle Luis Grasset de Roca Llisa, conocida como Casa Calero. El Ayuntamiento ya ha empezado a pedir presupuestos a diferentes empresas y una vez se tenga una valoración clara de lo que pueden costar, se hará la contratación, ha informado el Consistorio en un comunicado.
Las actuaciones previstas son la eliminación de pavimento de hormigón de la rampa de acceso y la zona de estacionamiento, eliminación de la base de hormigón y la cubierta de gres del camino de acceso a la caseta de calderas y desaladora, demolición de la caseta de la desaladora, el desmontaje de una casa de madera, retirada de postes de cercado, destrucción de instalación para barbacoa, demolición de unos bloques con dormitorios y baños, así como el local para la maquinaria de la piscina y otras instalaciones de servicio, desaparición de un estanque ornamental, retirada de restos de obra y otros del torrente de Cala Esparto, demolición del muro de contención de la terraza y elminació de la fundición septica y las canalizaciones necesarias .
Estas demoliciones son parte de la sentencia que condenaba también a un año de prisión a la propietaria de la vivienda, SDK, por delitos contra el Medio Ambiente y por desobediencia al Consistorio. Esta resolución judicial tiene fecha de abril de 2010 pero todo el procedimiento se inició en el mismo mes de 2005 cuando el Ayuntamiento de Santa Eulària emitió un decreto de Alcaldía para paralizar los primeros trabajos. Posteriormente, se constató que se fueron iniciando diferentes construcciones. Todas ellas se justificaban en una licencia de obra menor y todas ellas supusieron una orden de paralización por parte del Cosistorio que, finalmente, presentó denuncia ante Fiscalía, lo que motivó que el procedimiento sancionador administrativo quedara en suspenso.
El concejal de Urbanismo y Obras, Mariano Juan, ha mostrado su satisfacción "porque por fin se puede actuar y restituir a la legalidad los terrenos, avalando así la Justicia la decisión del Ayuntamiento en defensa de la legalidad".
