El portavoz Lluís Apesteguia presentó una propuesta que establece diez condiciones para que los municipios restrinjan la compraventa de viviendas, con el objetivo de abordar la emergencia habitacional en Baleares y garantizar acceso a la vivienda.
Antoni Costa, portavoz del Govern, confirmó la llegada de cuatro menores a Baleares, mientras se litiga el reparto en los tribunales. La región alberga actualmente 688 menores, una sobreocupación del 1.000%.
El Consell de Govern de Baleares aprueba un reglamento que regula los servicios de taxi y VTC, estableciendo criterios para nuevas licencias basados en congestión y calidad del aire, promoviendo la sostenibilidad y accesibilidad en el sector.
El Ministerio de Igualdad solicitará a jueces y fiscales mejorar la eficacia de las pulseras antimaltrato, destacando problemas de uso y cobertura, y subrayando la importancia de mantener una distancia adecuada para asegurar la protección de las víctimas.
Més per Mallorca rechaza los “hiperliderazgos” y aboga por proyectos “plurales” en respuesta al plan electoral de Rufián, que busca unir fuerzas de izquierda. Su postura destaca la necesidad de reconocer las realidades territoriales y evitar la fragmentación.
El Consell de Mallorca presentó la antepropuesta de la ley de la Serra de Tramuntana, buscando proteger este Patrimonio Mundial mediante un marco legal que fomente la colaboración, el desarrollo sostenible y la gestión del turismo, priorizando el sector primario.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió a dimitir si la víctima de la agresión sexual del director de la Policía, José Ángel González, se sintió desprotegida. La situación ha generado una crisis de credibilidad y reacciones políticas intensas.
El programa 'Torn de Paraula' de IB3 debatió sobre la contención turística en Baleares, la fragmentación de la izquierda, el deterioro en corrupción en España y la crisis energética en Cuba, moderado por Joan Miquel Perpinyà. Participaron varios periodistas y analistas.
La propuesta de publicar la nacionalidad de los detenidos genera controversia entre sindicatos policiales en Baleares. El SUP aboga por la transparencia y contexto en los datos, mientras la AUGC advierte de posibles prejuicios y denuncia la ineficacia de la medida.
