Medio año después de la devastadora DANA que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, la ciudadanía todavía sufre las secuelas de una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de España. Con 227 fallecidos, un desaparecido y más de 300.000 damnificados, la magnitud del desastre ha dejado una profunda huella en toda la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España.
A pesar de que el Gobierno ha movilizado cerca de 16.600 millones de euros en ayudas directas y en la reparación de infraestructuras de transporte, y la Generalitat Valenciana ha destinado 1.010 millones de euros para la reconstrucción social y económica, muchas de las ayudas aún no han llegado a todos los afectados. Si bien algunos han recibido fondos para reparar viviendas y adquirir vehículos, otros siguen esperando las subvenciones prometidas.
La recuperación no es homogénea. Mientras que algunas zonas industriales han recuperado cierta normalidad, otras localidades experimentan mayor lentitud, lo que afecta a miles de trabajadores y empresas. Además, infraestructuras esenciales como vías férreas, centros educativos y sanitarios aún necesitan intervenciones urgentes y de importancia, lo que impide el retorno a la normalidad.
Es preciso que las administraciones aceleren los trámites y mejoren la coordinación para garantizar que las ayudas lleguen de manera rápida, ágil y eficiente.
Es esencial que se asuman responsabilidades políticas y se depuren responsabilidades penales donde corresponda
Más allá de la reconstrucción material, es esencial que se asuman responsabilidades políticas y se depuren responsabilidades penales, si procede. Por eso, hay que exigir total colaboración con la Justicia en su difícil tarea de esclarecer los pormenores de la tragedia. La ciudadanía merece saber qué falló, si es el caso, y es deber de todos, principalmente de las instituciones, garantizar que se haga justicia y se eviten futuras negligencias.
La tragedia de la DANA debe ser un punto de inflexión. Hay que aprender la lección y acometer las reformas y las actuaciones necesarias para evitar que futuras adversidades acaben teniendo tan dramático y luctuoso balance. Las víctimas, sus familias y el conjunto de afectados lo merecen.
