La solicitud ha sido registrada este mismo sábado ante la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha informado el sindicato en un comunicado.
SIAU ha sostenido que los jefes de Personal Docente y de sus servicios jurídicos han incurrido en conductas que, de acuerdo con la legislación vigente, podrían ser constitutivos de faltas muy graves.
Entre ellas, la discriminación entre personas, el incumplimiento de las funciones esenciales que tienen encomendadas, la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad, el mantenimiento de acuerdos contrarios a la normativa y la ejecución de prácticas de "represalia y obstaculización sindical".
La organización sindical ha defendido que todo esto no se trata de un "caso aislado" sino de una "práctica estructural que tiene como finalidad castigar al colectivo docente y deteriorar la calidad educativa".
El apoyo de la ciudadanía a estas medidas, ha considerado SIAU, ha sido "incontestable", dado que el manifiesto público para exigir responsabilidades técnicas y políticas, así como una auditoría externa e independiente sobre las adjudicaciones, ha reunido ya más de 600 firmas.
"Las responsabilidades no solo deben ser técnicas sino también políticas. Todavía no ha dimitido ni ha sido cesado ningún cargo político y tampoco se ha iniciado ninguna auditoría, hechos que consideramos imprescindibles", ha subrayado el sindicato.
SIAU, aunque ha recordado que su labor es estar "del lado de los trabajadores", se ha mostrado abierto a que si es necesario se abran expedientes contra sindicalistas.
"La justicia tendrá la última palabra. Pero también deben asumir las consecuencias aquellos que, con sueldos tan significativos y responsabilidades de máximo nivel, continúan sin dar la cara mientras empeoran las condiciones de nuestro colectivo", ha subrayado.
Además de la apertura de un expediente disciplinario a los dos responsables de la Conselleria de Educación y Universidades, la organización sindical ha pedido que la suspensión cautelar de empleo y sueldo y que sean sustituidos por otros "que garanticen la imparcialidad y la continuidad del servicio público en condiciones de normalidad".
También que les aparta de cualquier cuestión relacionada con su sindicato "para evitar situaciones de conflicto de intereses o de trato discriminatorio".
