La consesión administrativa al Club Náutico de Ibiza ha quedado en entredicho después de que el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears haya anulado uno de los criterios principales por los que la Autoritat Portuària renovó la concesión el pasado año. La alta instancia judicial ha considerado, en una reciente sentencia que recogía este viernes mallorcadiario.com, que el criterio de "arraigo" debía ser anulado por vulnerar el principipo de igualdad, al no poder ser esgrimido por ninguna de las otras entidades concurrentes en el proceso.
De hecho, las otras dos sociedades que aspiraban a la concesión tenían difícil, si no imposible, cumplir las condiciones de una Autoritat Portuària que también reclamaba valorar "la proyección que el club tenga dentro de la sociedad donde se desarrolla y a la que va destinado el proyecto social, cultural y deportivo, para lo que serán importantes indicadores tales como el número de socios con que cuenta el club y que se beneficiarán del mismo".
Las formas y los criterios empleados por Autoritat Portuària para dar salida a la concesión se asemejan mucho a un procedimiento hecho a medida, elaborado para que únicamente el Náutico de Ibiza pudiera hacerse con la concesión. La justicia ha puesto sobre la mesa las sospechas de amiguismo, cuando no abiertamente electoralistas, que se habían planteado desde que en 2015 se impulsara la concesión de las instalaciones náuticas por un nuevo periodo de 30 años.
En 2015, tanto el PP como el PSOE se manifestaron contrarios a la oferta del recién constituido Club Deportivo 12 Millas que quería optar a la concesión que tenía el Club Náutico Ibiza, un club casi centenario, segundo en antiguedad en las Balears y con 1.200 socios. Una institución en la isla. La propia presidenta Armengol, en febrero de 2016, durante la gala de los 90 años del club, reafirmó su compromiso de "dejarse la piel" para que mantuviera su trayectoria. Y este año, le concedió el premio Ramon Llull.
La Autoritat Portuaria, entidad en la que participan el Estado, el Govern y los Consells insulares, entre a otros, no ha reaccionado a la sentencia del TSJIB. Debería hacerlo pronto, aclarando cómo piensa interpretar el auto judicial. Quizá lo más transparente sería volver a abrir el proceso de concesión con las condiciones de igualdad que señala el tribunal. No hacerlo así no alejará las sombras de sospecha de un trato de favor.
