El juez instructor del ‘caso Palma Arena’, José Castro, ha pospuesto a principios de septiembre las declaraciones previstas de quien fuese director general de Deportes en la última legislatura del PP, José Luis 'Pepote' Ballester, y del exgerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo Alabern, quienes han sido imputados en el marco de la pieza que investiga el presunto desvío de 2,3 millones de euros por parte del Ejecutivo de Jaume Matas al Instituto Nóos cuando éste estaba presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Ambos habían sido citados a declarar el próximo 28 de julio, pese a que el abogado del fundador de la entidad dedicada al mecenazgo, Manuel González Peeters, ha comunicado su indisposición para acudir ese día, por lo que solicitó que fueran aplazadas las comparecencias. En ellas ambos encausados serán interrogados por dos convenios que rubricaron el Ibatur y la Fundació Illesport con Nóos por 1,2 millones de euros en 2005 y 1,1 millones en 2006 para la celebración de un foro sobre turismo y deporte, si bien el destino de estos fondos no ha sido justificado. Después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 tomase declaración el pasado día 11 al propio Torres, también como encausado, Alabern y Ballester, campeón olímpico de vela en Atlanta 96, y de Alabern, también deberán dar su versión en torno a cómo se gestaron los dos convenios. Y es que, de acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo, el gasto que en su día se presupuestó para la celebración del Forum Illes Balears Tour Sport no ha sido acreditado. El Ejecutivo autonómico abonó a Nóos, a través de la Fundació Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), un total de 2,3 millones de euros a pesar de que el evento duró apenas tres días -entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005-. Unos hechos investigados en concreto en la pieza número 25 de este complejo caso, que a nivel global investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007). El propio Torres, quien sucedió a Urdangarín al frente de Nóos después de que el Duque de Palma abandonase el cargo, manifestó que los trabajos para los que se destinaron los fondos públicos se llevaron a cabo y por tanto se dio cumplimiento a la pretensión de los dos convenios firmados para el foro.
