La Plataforma exige la dimisión de todos los integrantes del equipo municipal por alumbrar una ordenanza que prevé multar a los vendedores ambulantes y a los compradores "en una medida sin precedentes de ataque a las condiciones de “vida”, o más bien, de penosa supervivencia de este colectivo".
Así, desde la PAH creen que estas personas a menudo "no tienen papeles y cuando los logra, paga el autonómo para poder trabajar y sin embargo, con el tiempo, no consigue renovar los papeles, porque el ayuntamiento no les facilita acceder a licencia de actividad alguna
En la nota de prensa, además, cargan con dureza contra el concejal de Igualtat, Aligi Molina, por "apoyar las medidas represivas de la nueva ordenanza que prevén multas a vendedores y compradores. No lo decimos nosotros, lo dijo a su manera Aligi en una entrevista concedida a uno de los principales periódicos".
"Con el concejal tan solo compartimos una parte de su discurso cuando denuncia que convertir al mantero en chivo expiatorio es racismo y más en la época de los grandes almacenes y las nuevas empresas como Amazon y Ali Express que no solo explotan a los trabajadores, sino que aprovechándose de ello, destruyen los empleos del pequeño comercio. Lástima que estas declaraciones no sean más que postureo", dicen.
Desde la PAH exigen que la izquierda deje de "ceder a las políticas de la derecha, deje de endurecer las normativas y criminalizar a los artistas callejeros o los vendedores ambulantes y se esfuerce en darles voz".
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