La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Éste es el proverbio sobre el que se basa la comunicación política actual, desde que Marshall Ganz y Jon Favreau encumbraron a Barak Obama del anonimato demócrata a la presidencia americana. Una narrativa coherente, en la que se combinaba una pócima llena de emociones y verdad, pero que algunos druidas sin escrúpulos han pervertido hasta llegar a la actual guerra por el relato, aunque se apoye en falsedades.
En la rueda de prensa de este martes, tras el Consejo de Ministros, tuvimos la oportunidad de reeditar el intento de manipulación a la que es capaz de llegar el PSOE, sentado en la sala de prensa de Moncloa. Elma Saiz, portavoz del Gobierno, afirmó que al PP “los pensionistas le importan un 0,25%”, haciendo referencia al periodo en el que Mariano Rajoy debió afrontar un enorme déficit público y la presión de la Troika comunitaria. Lo que oculta la ministra de Seguridad Social y Migraciones, es que la congelación de las pensiones en este país proviene del año 2010, cuando José Luís Rodríguez Zapatero suspendió su revalorización anual y que la fuerte crisis económica que heredó Rajoy generó una sostenida bajada del IPC, llegando a ser negativo un 1% en 2014, aunque los pensionistas incrementaron un cuarto de punto sus percepciones.
Este esfuerzo por utilizar la sensibilidad de los diez millones de receptores de pensiones, en favor propio, no es novedoso y en dos años consecutivos se ha tratado de incluir su revalorización en un Decreto Ómnibus, sólo para cuestionar a quienes no compartían la totalidad de las otras 20 medidas incluidas en esta ocasión. Partidos denostados, no a todos por igual, que han reiterado su respaldo al espíritu del Pacto de Toledo y a pesar de que la coalición gubernamental lo recuperó sólo hace tres años, tras dos legislaturas en el poder.
Después del rechazo inicial en el Congreso, el Ejecutivo se ha visto obligado de nuevo a disecar su estrategia para contentar a los grupos parlamentarios afines, tras una ardua negociación con el PNV, que confían en que respalde Junts y no provoque el rechazo de Podemos, ERC, Bildu y Sumar, para que salga adelante no sólo la actualización de las pensiones, sino también las medidas anti desahucios que no logró aprobar en enero y que derivarían en nuevas tensiones entre los mal llamados “socios de investidura”.
Sin duda que el inmediato escenario electoral de Aragón, con el reciente descalabro en Extremadura y los próximos comicios en Castilla-León y Andalucía, condicionan la agenda comunicativa del Gobierno, dispuesto a utilizar cualquier cartucho contra su adversario natural. Una batalla mediática en la que tienen querencia por ser oposición del partido mayoritario en las Cortes y que no les salvará de serlo también en muchas Comunidades Autónomas y en unas cercanas Elecciones Generales, a pesar de la narración que quieren trasladar y de cuyo artificio son mucho más hábiles creadores que la derecha tradicional.
