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La Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo-Terrestre de Mallorca (ADOPUMA) y la Dirección General de Costas y Litoral, dependiente de la Conselleria del Mar, han dado un importante paso hacia la cooperación en la regulación de concesiones en el litoral mallorquín.

La decisión del Tribunal Supremo de declarar nulo el Real Decreto 668/2022, que modificó el Reglamento General de Costas por omisión del trámite de consulta pública, ha sido celebrada por el Partido Popular si bien la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que lo tramitarán de nuevo "respetando la sentencia".

El menorquín Juan Manuel Lafuente Mir (Maó, 1963), conseller del Mar y el Ciclo del Agua, es abogado de profesión y presidió el PP de Menorca de 1999 a 2008, además de ser conseller de Administraciones Públicas en 2015 y diputado por Menorca en el Parlament en las elecciones de 2015 y 2019. Lafuente recibe a mallorcadiario.com en su despacho y desvela los primeros esbozos de la futura Ley de Ordenación y Protección del Litoral que pretende garantizar la continuidad de los chiringuitos, así como agilizar los trámites, "cumpliendo siempre con la ley estatal y compatibilizando la protección del litoral con la actividad económica". Aunque el Gobierno central seguirá cobrando el canon de las concesiones, contempla poder negociar.

El Govern creará un departamento en la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio con un total de 38 empleados públicos para asumir y gestionar las competencias de Costas a partir del 1º de julio, cuando hasta ahora el Estado las gestionaba con tan solo 18 trabajadores.

Llega mayo, fecha que marca el inicio efectivo de la temporada turística alta en Baleares, y las playas urbanas de Palma continúan sin registrar movimientos perceptivos en cuanto a la habilitación de hamacas, sombrillas y otros servicios ubicados en primera línea. La prestación de estos servicios no es homogénea en todas las zonas turísticas de las islas, dependiendo de las decisiones de Costas y de cada uno de los municipios.

Baleares firmará mañana viernes el traspaso de competencias de Costas. Así lo ha anunciado la presidenta, Francina Armengol.

La transferencia de las competencias de Costas a Baleares marcará el presupuesto de la Conselleria de Medi Ambient i Territorio para el año 2023, dado que será uno de los principales retos del departamento que dirige Miquel Mir. El conseller ha asegurado, este jueves por la tarde, ante la Comisión de Hacienda del Parlament, que la transferencia constituye "una reivindicación histórica" que se hará realidad "de forma inminente". Por ello, su departamento aumentará la partida de la direcció general de Territori i Paisatge en un 10,5 por ciento, alcanzando los 2,1 millones de euros.

“Cuando lo que se necesita es protección de la costa, lo que regula el Gobierno son más limitaciones a los derechos de los ocupantes”. Esta es una de las principales conclusiones que se reflejan en la moción registrada por el PP en el Senado en relación a la modificación del Reglamento de la Ley de Costas, aprobada por el Ejecutivo central, a instancias del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de un Real Decreto publicado el 2 de agosto del presente año.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expresado este martes su confianza en que la transferencia de Costas a la Comunidad Autónoma pueda ser completada antes de que acabe el año "sin problemas".

La Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA) reclama al Gobierno de España que se transfieran con la mayor celeridad posible las competencias de la Demarcación de Costas de Balears al Govern de les Illes Balears.

El Restaurante Can Gavella, ubicado en Casetes des Capellans de Platja de Muro, ha sido el lugar escogido para la presentación de la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA).

Lo dice textualmente un informe de la Conselleria de Medi Ambient i Territori: la retirada masiva de posidonia está contribuyendo al retroceso del litoral. En otras palabras, las actuaciones encaminadas a eliminar de la mar balear la presencia de esta planta acuática, endémica del Mediterráneo, ha obrado el efecto de que la superficie de arenal vaya perdiendo extensión, en concreto 14 metros de media desde el inicio del boom turístico, en las islas.

Pronto podrían producirse novedades en cuanto a la transferencia a Baleares de las competencias que actualmente ejerce la Demarcación de Costas. En su visita de este jueves a Mallorca, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha situado este horizonte para el segundo semetre de este año.

La totalidad de los municipios de Baleares que se han visto obligados a tramitar, ante la Demarcación de Costas, la renovación de la autorización para la instalación de elementos de ocupación temporal (tumbonas, sombrillas, hamacas...) en las zonas de playa, están a la espera de una comunicación oficial por parte de la administración. En esta situación se hallan el cincuenta por ciento de las localidades costeras de las islas.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, impulsar la negociación para el traspaso al archipiélago balear de la competencia de Costas y Litoral. Según Armengol, el ministro le ha trasladado, durante la reunión que ambos han mantenido este jueves en la sede ministerial, en Madrid, su compromiso para seguir avanzando en este traspaso.

Un total de 8.056 migrantes han llegado en patera a costas españolas durante los cinco primeros meses de 2019, de los cuales 7.398 lo hicieron a través de costas peninsulares y baleares, según el balance del Ministerio del Interior.

El candidato de Més per Mallorca al Govern, Miquel Ensenyat, ha reivindicado más competencias para la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB), así como la transferencia a las islas de la gestión en materia de Costas porque considera que "mejorar el autogobierno es mejorar la calidad de los servicios públicos".