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Los chiringuitos llegan al Senado: 'No se protege la costa y se limitan derechos'

Los chiringuitos llegan al Senado: "No se protege la costa y se limitan derechos"

miércoles 19 de octubre de 2022, 13:00h

“Cuando lo que se necesita es protección de la costa, lo que regula el Gobierno son más limitaciones a los derechos de los ocupantes”. Esta es una de las principales conclusiones que se reflejan en la moción registrada por el PP en el Senado en relación a la modificación del Reglamento de la Ley de Costas, aprobada por el Ejecutivo central, a instancias del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de un Real Decreto publicado el 2 de agosto del presente año.

En los ocho puntos contenidos en el texto registrado el pasado 10 de octubre cabe resaltar especialmente las dos últimas propuestas. En estas, por una parte, los populares instan al Gobierno a suspender cualquier trámite que conlleve “medidas restrictivas de derechos”, como el cierre o limitación de chiringuitos y espacios de bar, cafetería u otros servicios, en áreas de litoral, a consecuencia de la aplicación de las novedades reglamentarias operadas tras la reforma del Reglamento.

Este grupo político entiende que esta medida de suspensión debe prevalecer hasta el momento en que pueda consensuarse la corrección de aquellos aspectos de la nueva normativa que, a su juicio, atacan frontalmente los derechos de empresarios, trabajadores y vecinos cuya actividad profesional o vida personal está vinculada a su pertenencia a un área geográfica afectada por las disposiciones sobre Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

Paralelamente, defienden el inicio de un proceso de reforma de la vigente legislación de Costas, que data del año 1988, con la finalidad de mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para otorgarles protección.

PROPUESTAS "ARBITRARIAS O INJUSTIFICADAS"

Según los populares, cuya moción fue presentada por los senadores Vicente Martínez Mus y Juan Manuel Juncal, el contenido del Real Decreto de 2 de agosto de 2022 está repleto de propuestas “arbitrarias o injustificadas”, especialmente en cuanto a los requisitos para la delimitación del DPMT. Entre estas condiciones, cabe resaltar la prohibición de otorgar concesiones o prórrogas cuando las obras o instalaciones entrañan “cierto riesgo” de ser alcanzadas por el mar, en una formulación que el PP ha criticado por ser excesivamente “genérica”.

Igualmente, el límite para la fijación de la DPMT viene marcado, en esta nueva normativa, por el área geográfica que, potencialmente, puede verse alcanzada por las olas de mayores dimensiones, aunque eso suceda una única vez en el transcurso de un periodo de cinco años. Con la reglamentación anterior en la mano, esta frecuencia quedaba establecida en, al menos, cinco veces en este mismo margen de tiempo.

Al mismo tiempo, la normativa elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que encabeza la socialista Teresa Ribera, a su vez vicepresidenta tercera del Gobierno, plantea otras restricciones cuestionadas en la moción del PP, como descartar la posibilidad de revisar deslindes en el mar si se verifica que una determinada zona no se ha visto afectada por el oleaje a lo largo del último medio siglo, o facilitar que los paseos dejen de ser un linde fijo de ribera de mar.

RECHAZADAS LAS ALEGACIONES

Sin embargo, al margen de su contenido, los senadores populares han cuestionado que la confección del Real Decreto se llevó a cabo sin atender en ningún momento las propuestas de instituciones como la Xunta de Galicia o el Observatorio del Litoral de la Universidade de A Coruña, cuyas alegaciones, según el PP, “se liquidaron de un plumazo”.

De hecho, los senadores mantienen que estas entidades coincidieron en la existencia de una base jurídica suficiente para interponer el pertinente recurso contra la reforma del reglamento de Costas. En esta misma línea, diversas agrupaciones sectoriales vinculadas al sector marítimo valoran esta modificación reglamentaria como un “ataque directo” contra las empresas que necesitan ocupar espacios de litoral para llevar a cabo sus actividades productivas, además de redundar en contra de las expectativas de los titulares de viviendas situadas en la costa.

En este sentido, la moción se hace eco de que, con el nuevo texto en la mano, las concesiones, en el caso de las industrias del mar, quedan limitadas a un periodo de 30 años, que se amplía a 75 cuando se trata de cultivos marinos. Para el PP, con estas disposiciones se abre “una vía para modificar los límites del dominio público marítimo-terrestre de forma totalmente arbitraria”.

EL "FRACASO" DE LA LEY DE COSTAS

El grupo popular en la Cámara Alta lamenta, a este respecto, el hecho de que “cuando lo que se necesita es proteger la costa, lo que regula el Gobierno son más limitaciones a los derechos de los ocupantes”, y todo ello, según continua afirmando en su moción, “en base a una Ley de Costas, vigente desde 1988, que ha fracasado en la mayor parte de sus objetivos, generando una gran inseguridad, una profusa conflictividad social y judicial e incluso recomendaciones de revisión de las instituciones europeas”. Este último aspecto hace necesario, para el PP, “recuperar un debate legislativo” cuya finalidad consistiría en “proteger el dominio público” en los términos que consagra la Constitución española al hacer referencia a “derechos constitucionales como la seguridad jurídica o el derecho a la propiedad privada”.

En cualquier caso, el PP defiende la necesidad de “proteger” la costa española ante la “drástica regresión” que está experimentado a causa de diferentes factores que se han visto agravados, a su juicio, por las consecuencias del cambio climático.

Los populares han puesto en valor las actuaciones que en esta línea desarrolló el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entre los años 2015 y 2016, cuando el Gobierno que presidía Mariano Rajoy aprobó las Estrategias para la protección de la costa y contra la erosión del litoral de las cinco zonas que en aquel momento se identificaron como las más afectadas por la regresión: Huelva, Maresme, Sur de Castellón, Sur de Valencia y Granada.

ESTRATEGIA GLOBAL

Además de estas zonas, se detectó, ya en ese momento, la necesidad de plantear una estrategia global sobre todo el litoral español, incluido el balear, aprobándose, en diciembre de 2016, el documento denominado ‘Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española’.

En este texto se evaluaban los problemas de cada zona de litoral y se proponían, a nivel genérico, soluciones e intervenciones, siguiendo la argumentación expuesta por el PP. Los senadores que representan a este grupo afirman que los gobiernos posteriores asumieron inicialmente estas estrategias, que constituían, en su opinión, “un primer paso que buscaba ser concretado territorialmente, del mismo modo que ya lo fue en las cinco zonas en las que ya se desarrollaron estrategias propias”.

La hoja de ruta perfilaba ir diseñando, de forma progresiva, intervenciones concretas para cada tramo costero y programar un calendario “exigente” de actuaciones. En cambio, en octubre de 2020, el Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez inició la tramitación del denominado ‘Plan Estratégico Nacional para la protección de la costa española considerando los efectos del cambio climático’, que intenta ser un diagnóstico, “con base pretendidamente técnica”, según el PP, de la situación de la costa.

UN PLAN CON "CONCLUSIONES PRECONCEBIDAS"

Sin embargo, los populares alegan que el documento se vio impregnado desde el principio de su elaboración “por unas conclusiones preconcebidas” basadas en la idea matriz que el propio texto del Ejecutivo describe de la siguiente manera: “Aumentar la naturalidad de la costa en el litoral español y así favorecer la resiliencia natural (…) de modo que se potencia la función protectora de los ecosistemas costeros sobre los bienes y usos permitidos...”, lo cual implica, bajo el punto de vista del PP, “reducir los usos humanos de la costa”.

Los populares denuncian que el documento se está redactando sin la participación de actores que perciben el litoral costero como “un entorno económico, un hábitat humano y un recurso turístico, y sin la participación real de los Ayuntamientos costeros, por lo que los objetivos y actuaciones que se plantean de momento en este Plan Estratégico están muy alejados de las necesidades reales de la costa española. No se piensa en el litoral como un recurso, como un hábitat humano sino sólo como un entorno natural”.

Desde la perspectiva del principal grupo de la oposición, esta es “una concepción de partida sesgada que determina toda la planificación que surge de ella y que, por el momento, se caracteriza por una ausencia de medidas de protección del litoral”.

ESPERA E INACCIÓN

De acuerdo a la propuesta de los populares, esta es, “probablemente”, la razón por la cual “desde 2018 ni siquiera se ha completado una estrategia de actuación, cuando es obvio que es urgente, no ya disponer de ella, sino avanzar en las actuaciones e inversiones que permitan mejorar la resiliencia de la costa española. La espera o la inacción, en este tema, no es una opción”.

A este respecto, el PP se hace eco de que “los destrozos que cada vez con mayor gravedad generan los temporales de costa en infraestructuras y bienes de vital importancia ambiental, económica y turística, no permiten espera. Al contrario, exigen acción”.

En este sentido, los populares han destacado que el carácter finalista de gran parte de los fondos habilitados desde la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia en relación a la lucha contra el cambio climático, especialmente el Fondo de Recuperación Next Generation, “abren una posibilidad excepcional para llevar cabo acciones decididas de protección del litoral usando para ello todas las herramientas y tecnologías aptas para ello”.

REAL DECRETO

En cambio, la actuación “más importante” que el Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico ha llevado a cabo, al margen de este “incompleto’ plan estratégico” ha sido aprobar la modificación Reglamento de la Ley de Costas. a través del RD 668/2022 de 1 de agosto, cuyo texto conserva prácticamente en su totalidad las previsiones del texto inicial expuesto en diciembre de 2021 que generó la contestación por parte de todo tipo de asociaciones e incluso Ayuntamientos con gobiernos de todo signo porque conllevaba nuevas arbitrariedades en favor de la administración y en contra de los derechos de los ocupantes de la costa. Con la publicación del texto el 2 de agosto de 2022 se liquidaron de un plumazo todas esas alegaciones de plano, sin atender ninguna de ellas.

PROPUESTA DE UNIDAS PODEMOS

En el otro extremo del arco parlamentario, el grupo Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha advertido, en una Proposición no de Ley (PNL) presentada ante la Mesa del Congreso, de que la regresión del litoral que sufren las costas españolas “ha llevado a que distintos núcleos urbanos en diferentes puntos del Estado se hayan ido incluyendo de manera progresiva” en la zona de DPMT.

Por esta razón, la formación morada es partidaria de “acelerar los procesos de ejecución de los proyectos de renaturalización y recuperación de playas, dándole carácter urgente en base a la declaración de emergencia climática”, aprobada por el Gobierno en enero de 2020.

Igualmente, Unidas Podemos defiende la necesidad de “activar de forma inmediata nuevos procesos de restauración ecológica y adaptativa del litoral, priorizando aquellos a desarrollar en los puntos de costa más sensibles y vulnerables”.

Finalmente, el último punto de la PNL expone la necesidad de iniciar “de inmediato” un estudio técnico destinado a “definir la influencia que la gestión de los embalses e infraestructuras equivalentes ha tenido y tiene en la regresión de la costa y obligar a sus responsables a restituir y compensar el flujo de sedimentos fluviales”.

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