La culpa del consumidor

La reciente operación policial sobre presunto lavado de dinero procedente del narcotráfico, suscita algunas reflexiones que no parecen demasiado frecuentes, aunque sean muy necesarias.

En los canales de comunicación abundan las series respecto de enormes estructuras de producción y distribución de droga, que han alcanzado dimensiones mundiales. Figuras como El Chapo, Pablo Escobar, los cárteles de Cali, de Sinaloa, del Golfo, de los Soles, y tantos otros, nos muestran a lo vivo la peligrosidad y gravedad del daño que estos delincuentes hacen a la sociedad. No es sólo droga: esta actividad va unida a toda suerte de asesinatos, torturas, secuestros, corrupción, y poco a poco se va arruinando la sociedad, hasta llegar a dejarla maltrecha e indefensa. Los casos de México, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, y los mismos Estados Unidos de América, son paradigmáticos. La droga destruye a la persona; a la vez, se destruye la familia; y así, la sociedad, porque “cual es la familia, tal es la sociedad, porque tal es el hombre” (Juan Pablo II). Todo ello origina, además, un dispendio enorme de los recursos -humanos y financieros- del Estado, para combatir ese infame tráfico y las consecuencias que de él se derivan, muchas veces con riesgo de la vida de los funcionarios que intentan atajar, o por lo menos, disminuir, dicha actividad y sus efectos. Pensemos en la rehabilitación y deshabituación, tan difíciles de conseguir, y a qué precio, personal y económico.

No obstante, pienso que en toda esta cuestión falla algo esencial: si hay tráfico de drogas; si hay delincuencia asociada; si hay tantos desastres concomitantes, es única y exclusivamente por una simple razón: hay consumidores. Sin consumo, no hay venta posible.

Siendo el consumo tan esencial para todo ese sistema delictivo, no se ven acciones decididas contra aquél. Acciones que, ciertamente, han de ser preventivas, educativas, e informativas, para que, sobre todo nuestros jóvenes, entiendan y comprueben los grandes males del narcotráfico, y las consecuencias para los consumidores, tanto para su salud, como para su vida personal, familiar y laboral. Sin contar con los accidentes provocados por conductores drogados.

Pero al propio tiempo, no basta con una mera política preventiva y curativa, sino que es necesaria una política represiva, ejemplarizante, disuasoria y contundente contra el consumo. Paseando por las calles de Palma, es muy fácil encontrar a personas fumando porros, a pesar de la prohibición legal de hacerlo, y de que está sancionado pecuniariamente. La sensación de impunidad que tienen esos consumidores tiene que terminar. Porque el porro, calificado temerariamente como droga blanda, es el primer paso de otros muchos, ciertamente más graves y peligrosos, y por ello, al mismo tiempo es más fácil de controlar. También es necesario y urgente un control exhaustivo sobre las discotecas, locales de ocio nocturno, fiestas colectivas, entornos de colegios, y otros lugares públicos, donde los mercenarios de la droga intentan -y muchas veces consiguen- hacer nuevos adeptos, que ingenuamente caen en las redes de la droga.

A nivel internacional, por ejemplo, se hace patente que es necesario ejercer medidas eficaces de presión sobre Marruecos que, según se afirma, es el mayor productor de hashis del mundo, desde donde se inundan las costas españolas y se distribuye en toda Europa. No es creíble que un régimen autoritario como el marroquí no pueda imponer la ley sobre los campos de cannabís o amapola, tan extensos y visibles, que existen en el país.

Pero, sobre todo, es imprescindible un rearme moral, con valores e ideales que valen la pena. Y los jóvenes, con su generosa naturaleza, se dejan convencer y entusiasmar con ellos. Animo a los políticos y responsables a que se pongan manos a la obra.