La ‘tormenta’ política entre los socios del Pacte en el Consell de Mallorca a raíz del acuerdo de patrocinio de naming del estadio de Son Moix cabe catalogarlo como temporal de verano. Una DANA estival que puede llegar a ser muy intensa, pero de escasa duración y que volverá a dejar el cielo despejado para que siga calentando el sol para sus protagonistas, porque saben que solo juntos tienen opciones de repetir otra legislatura en el cargo, siempre que les salgan las cuentas en las elecciones autonómicas y municipales de 2023.
En cualquier caso, la amenaza de romper el Pacte por parte de Més y Podemos, los socios minoritarios del PSIB en los últimos siete años, con la excusa de los 1,8 millones de euros que el Consell pretende pagar al RCD Mallorca camuflados como promoción turística, resulta un tanto pueril y desesperada, aunque pueda discutirse dicha medida, su idoneidad, su beneficiario y el retorno económico y publicitario.
Podría entenderse, o al menos sería más coherente, que los socios del PSIB rompieran el Pacte por no cumplirse la mitad -igual me quedo corto- de las medidas que acordaron al principio de la legislatura y que pusieron negro sobre blanco bajo el pomposo nombre de los ‘Acords de Raixa’. Pero poco o nada se sabe de esa hipotética hoja de ruta, en la que se hablaba de “una Mallorca más justa, más feminista y más sostenible”. ¿De verdad se han cumplido esos acuerdos? ¿De verdad hoy Mallorca es más justa, más feminista y más sostenible que en 2019 o que en 2015?
Los cargos de Més y Podemos, porque otra cosa son sus votantes o simpatizantes, saben que, aunque estemos en pleno verano, hace mucho frío fuera del despacho y del coche oficial. Así que la sangre no llegará al río. Otro enganchón público, qué más da ocho que ochenta, y a seguir, porque aquí de lo que se trata es de resistir hasta el último día de la legislatura, por muchas diferencias que haya entre ellos y por nula que sea la acción de gobierno para dar respuesta a los problemas de la gente y construir una Mallorca “más justa, más feminista y más sostenible”.
En cualquier caso, la dádiva pública del Consell de 1,8 millones de euros a la sociedad anónima deportiva RCD Mallorca, que tiene una masa salarial de 14 millones, lo que supone un reparto de casi 280.000 euros semanales entre los jugadores de la primera plantilla, resulta, cuando menos, cuestionable, tanto desde el punto de vista ético como desde un punto de vista de gestión turística.
¿Debe una institución pública pagar casi dos millones de euros públicos a una entidad en la que algunos de sus empleados cobran más de un millón de euros al año? ¿Está justificado pagar dicha cantidad en concepto de naming del estadio -un recinto, por cierto, de titularidad pública cedido gratis al Mallorca- sin saber el retorno real de dicha acción? ¿De verdad ponerle ‘Visit Mallorca’ al estadio de Son Moix puede justificarse desde una estrategia de diversificación de producto, desestacionalización, turismo cultural o gastronómico y oferta de calidad con la que se llenan la boca nuestros políticos cada vez que se refieren a la actividad turística? ¿No tiene el Consell de Mallorca ninguna otra necesidad que atender y a la que destinar casi dos millones de euros que no sea beneficiar a una entidad cuyos trabajadores son millonarios?
Que una marca comercial quiera poner su nombre a un estadio o un recinto deportivo entra dentro de las estrategias de marketing de cada uno y de la que deberán responder sus responsables ante sus respectivos consejos de administración o accionistas; que una administración destine recursos públicos a hacer lo mismo es una indecencia y más en los tiempos que corren, en los que muchas familias llegan con lo justo a final de mes. Luego, algunos políticos no se explican el porqué de tanta desafección de la gente con su labor y de la desconexión del ciudadano con sus dirigentes.
