Los transportistas de Baleares confirmaron este jueves la convocatoria de huelga si en el plazo de diez días no reciben ayudas que compensen la subida del precios de los carburantes. El sector balear se sumará así a la huelga indefinida que se desarrolla a nivel nacional desde el lunes pasado, y que ya está empezando a provocar problemas de suministro de materiales en empresas, así como de determinados alimentos en comercios y supermercados.
La Agrupación de Transportes de Mercancías de Baleares, que es quien convoca al paro en las Islas, reiteró el miércoles en la reunión mantenida con el Govern que están "al límite" y que no pueden esperar hasta el 29 de marzo.
El Gobierno central ha aplazado hasta esta fecha la adopción de medidas para bajar el precio de la electricidad, el gas y los combustibles, sin precisar aún si lo hará por la vía de la rebaja de impuestos o como ayuda directa. También el Gobierno balear tiene previsto complementar las pérdidas con ayudas a los sectores económicos más vulnerables. El problema es que la subsistencia de muchas empresas se juega en el plazo de días y muchas de ellas pueden colapsar antes de que estas ayudas oficiales -que aún no han sido concretadas- lleguen a materializarse.
No hay duda de que urge la aprobación de las ayudas oficiales reclamadas, pero llegar hasta una convocatoria de huelga es un extremo de especial gravedad, sobre todo en territorios tan vulnerables como Baleares, cuya insularidad perjudica doblemente a los ciudadanos. El desabastecimiento -incluso con unos servicios mínimos establecidos- podría llegar aquí a ser una realidad de la que las principales víctimas serían los habitantes de las islas, como siempre, rehenes de una situación sobre la que ellos no tienen margen de decisión.
Los ciudadanos también sufren el incremento de los precios y las complicaciones de una situación económica incierta, por lo que sumarles más problemas como los derivados de una huelga en el transporte de mercancías no parece el escenario más tranquilizador; por mucho que los convocantes del paro insistan en que no pretenden generar alarma. La huelga no debe producirse; bien sea porque las administraciones arbitran con agilidad las ayudas prometidas o porque los transportistas desconvocan el paro para no perjudicar más a una ciudadanía ya suficientemente castigada.
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