UGT ha exigido este martes a la administración penitenciaria que proteja a los funcionarios frente a "denuncias completamente falsas" de malos tratos como las planteadas por presos de la cárcel de Palma, una prisión que, como las de toda España, padece "falta de medios, de seguridad y de recursos humanos". "Pongo la mano en el fuego por mis compañeros", ha asegurado el delegado del sindicato en la prisión de Palma, David Rodríguez, quien ha subrayado que "un preso tiene más herramientas que una persona en libertad" para denunciar la vulneración de sus derechos, puesto que cuenta con un juzgado específico, el de vigilancia penitenciaria.
Rodríguez, que ha comparecido en rueda de prensa junto al responsable estatal de instituciones penitenciarias de UGT, Antonio González, y al secretario general de la federación balear de Empleados Públicos, Miguel Ángel Romero, ha destacado que en la cárcel de Palma, con capacidad teórica para 1.000 reclusos, hay 240 funcionarios asignados a la vigilancia de 1.300 internos.
A causa de las bajas, y tras años "nefastos" de recortes del Gobierno del PP, hay ocasiones en que un solo funcionario vigila un módulo con 130 presos, ha indicado Rodríguez para poner de relieve en qué condiciones trabajan unos funcionarios de los que ha ensalzado su "profesionalidad, buen hacer y honorabilidad".
