El caso Senderismo, también conocido como PAS-Amics del Camí, se ha saldado de forma muy benévola para sus responsables, tras haber ahorrado a la Sección 2ª de la Audiencia Provincial la celebración de un juicio donde la Fiscalía solicitaba inicialmente penas que suman 32 años de cárcel para siete encausados por los delitos de prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial por funcionario.
Finalmente, han alcanzado un pacto de conformidad Antonio Rebassa (jefe del Área del INESTUR), Joana Llüisa Mascaró (vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca), Joan Serra (secretario general técnico de Cultura y Patrimonio del Consell), Lluís Planas (director de la Asociación PAS-Amics del Camí) y Emilio Gallardo (secretario y representante de PAS-Amics del Camí en Mallorca); mientras que el director gerente del INESTUR, Antonio Oliver, y el funcionario Sebastián Amengual han resultado absueltos.
El acuerdo, extremadamente beneficioso para los condenados, retira los cargos por el delito más grave, el de malversación de caudales públicos, lo que evita que vayan a la cárcel, gracias a que son condenados a nueve meses de prisión, lo que les permite acogerse a la remisión condicional de la condena, por ser esta inferior a los dos años, y por carecer todos ellos de antecedentes penales. Las penas privativas de libertad son sustituidas por multas que oscilan entre los 1.600 y los 2.700 euros; además de penas de inhabilitación.
Pero para eludir el juicio, los reos han tenido que admitir que delinquieron, cuando en 2008, en una reunión en el INESTUR, se concertaron para favorecer a la Asociación PAS-Amics del Camí, entidad afín a su formación política, el PSM.
Así pues, queda demostrado que también los nacionalistas del PSM, integrados ahora en Més per Mallorca, recurrieron a la tentación de la corrupción política, regando con dinero público de forma fraudulenta a una asociación ideológicamente próxima; aquello que el PSM tantas veces denunció que hacían sus rivales políticos.
Lo más llamativo del caso es que la exconsellera insular de Cultura, Joana Lluïsa Mascaró, a su salida del Palacio de Justicia, defendió su inocencia afirmando que había firmado el acuerdo por indicación de su abogado, descargando la responsabilidad en los funcionarios que durante la instrucción de la causa habían testificado.
Mascaró, que tuvo que dimitir tras su imputación en la causa, demuestra, de este modo, que es capaz de firmar ante el tribunal el reconocimiento de su responsabilidad penal y minutos más tarde, decir ante los medios que no es cierto lo que acaba de firmar, lo que resulta intolerable y una auténtica burla a la Justicia.
