Se señala que «a partir de los 16 años de edad los menores transexuales y transgénero podrán prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica».
Y que «a partir de la pubertad, los menores de edad podrán prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado».
La Administración general del Estado y las CC.AA «velarán por la erradicación de las prácticas de reasignación de sexo en los recién nacidos».
«Se tomará las medidas necesarias para que los espacios identificados en función del sexo en centros de menores, pisos tutelados, centros de atención a la discapacidad, residencias de la tercera edad puedan utilizarse por las personas transexuales, transgénero e intersexuales en atención al género sentido».
La proposición de ley plantea que «los alumnos tienen derecho a exteriorizar en el colegio su identidad de género, debiéndose respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro conforme a su género sentido».
Y ya el colmo de este texto se señala concretamente que «quedan prohibidas terapias que pretendan revertir la orientación sexual o la identidad de género de la persona, aún con el consentimiento de la misma o de sus representantes legales». Según la proposición de ley se trata de una infracción grave con multas que pueden ir de los 22.000 a los 45.000 euros.
Si aún no se ha cerrado la herida de la última guerra fratricida, hay que abrir otra con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica de LGTBI. Su objetivo será promover «la visibilización LGTBI en el espacio público» y garantizar «la existencia de un fondo bibliográfico de temática LGTBI, obligatorio en poblaciones de más de 20.000 habitantes». Entre sus tareas también figura «la colocación de momumentos y denominación de calles»
