El Gobierno de PSOE y Sumar, presidido por Pedro Sánchez, ha aprobado un proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. La medida, impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz (Sumar) dice perseguir una mejora de la conciliación laboral y una reducción del absentismo.
Sin embargo, esta iniciativa se topa con una fuerte oposición. La patronal, incluyendo a la CEOE y Cepyme, rechaza de plano la medida unilateral, argumentando que tendrá un impacto económico negativo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Estudios estiman un coste total cercano a los 48.000 millones de euros, con un posible incremento de costes laborales del 1,5% del PIB.
Además, la propuesta carece de una mayoría parlamentaria para su aprobación. Partidos como el PP, Vox y Junts han expresado su rechazo, complicando su tramitación en el Congreso. Es más, el anuncio de Junts de su intención de presentar una enmienda a la totalidad ha llevado al líder de CCOO, Unai Sordo, a calificar a ese partido como “más inútil que la última rebanada del pan Bimbo”.
La falta de consenso con los agentes sociales y la ausencia de una mayoría parlamentaria sólida hace dudar de la viabilidad de esta reforma que el Gobierno sólo ha pactado con los sindicatos afines
La falta de consenso con los agentes sociales y la ausencia de una mayoría parlamentaria sólida hace dudar de la viabilidad de esta reforma que el Gobierno sólo ha pactado con los sindicatos afines que actúan al dictado del Ejecutivo. Mientras que la intención de mejorar las condiciones laborales es loable, las medidas deben ser sostenibles y contar con un amplio respaldo para garantizar su efectividad y evitar consecuencias económicas adversas.
Es esencial que el Gobierno trabaje en colaboración con todos los actores involucrados, incluyendo la patronal y los partidos de la oposición, para desarrollar políticas laborales que beneficien a los trabajadores sin comprometer la estabilidad económica del país.
En este contexto, la reducción de la jornada laboral parece más una medida propagandística más que una política viable, algo a lo que el Gobierno ya tiene acostumbrada a la ciudadanía española.
