La plataforma vecinal Veïnats del Puig de Santa Magdalena ha presentado un escrito ante el Consell de Mallorca solicitando la paralización inmediata de las actividades que se llevan a cabo en la finca situada junto al Puig de Santa Magdalena, en Inca. Los vecinos denuncian que la Corporación SAMU (uno de los principales operadores globales en la atención a menores) acoge en ese espacio a menores migrantes y tramita un proyecto de ampliación sin contar con las condiciones legales ni urbanísticas necesarias.
El conflicto en torno a “La Finca”, un terreno ubicado en el polígono 7, parcela 682 de Inca, ha llegado oficialmente al Consell de Mallorca. La plataforma Veïnats del Puig de Santa Magdalena, representada por Antonio Salamanca Martínez, reclama a la institución insular que paralice toda actividad y prohíba la apertura de cualquier centro de acogida o formación laboral en el recinto, al considerar que el proyecto incumple la normativa urbanística, de seguridad y de bienestar social.
Según el escrito, la entidad SAMU, dedicada a la atención social y sanitaria, ha adquirido el terreno y actualmente acoge a ocho menores inmigrantes en régimen de desarrollo laboral. En una reunión reciente con el Ayuntamiento de Inca y los vecinos, representantes de la corporación informaron de que se tramita un proyecto para ampliar las instalaciones y dar cabida a quince personas.
Sin embargo, el malestar vecinal es generalizado. Los residentes denuncian que la ubicación —alejada del núcleo urbano— dificulta la integración social de los jóvenes, y que la zona carece de servicios básicos, como transporte público, centros educativos, instalaciones deportivas o asistencia sanitaria cercana. “No tiene sentido, ni humano ni práctico, pretender integrar a menores aislándolos del pueblo”, señala la plataforma en su alegato.
El documento presentado ante el Consell cita la guía de la Agencia Europea de Asilo (EASO), que exige que los centros de acogida estén a una distancia razonable a pie de servicios esenciales. Los vecinos sostienen que “La Finca” incumple esta normativa, además de encontrarse en un terreno rústico donde el uso actual —la prevención y rehabilitación de toxicómanos y alcohólicos— no es compatible con el nuevo destino propuesto por SAMU.
El escrito también menciona antecedentes judiciales relevantes, como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 2022, que obligó al cierre de un centro de menores en Santanyí por desarrollarse en un edificio que no cumplía la normativa urbanística. “El interés social no puede estar por encima de la legalidad”, recuerdan los vecinos.
A ello se suma el precedente administrativo del centro de Esporles, también cuestionado por el Consell de Mallorca por operar en suelo rústico sin licencia, y que podría verse abocado al cierre.
El escrito incorpora un informe técnico del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Inca, firmado por el arquitecto Carlos Mena Ribas, que confirma que parte de las edificaciones de “La Finca” se encuentran fuera de ordenación al haberse construido sin licencia urbanística posterior a la concedida en 2009.
El documento detalla la existencia de una nave de 300 metros cuadrados, un porche de 18, una caseta prefabricada y otras estructuras no legalizadas, además de indicar que el camino de acceso es privado, no asfaltado y con una anchura insuficiente para vehículos de emergencia.
Una visita de la Policía Local de Inca, fechada el 5 de mayo de 2025, confirma que el camino presenta graves dificultades de acceso: ambulancias y camiones de bomberos no podrían maniobrar en caso de emergencia. “Una desgracia allí podría tener consecuencias humanas, políticas y legales”, advierte la plataforma.
Los vecinos recuerdan que el municipio de Inca ya acoge a unos sesenta menores inmigrantes no acompañados en tres centros diferentes, lo que representa el 20% del total en Mallorca, y consideran que el municipio “ya cumple con creces su parte”.
“El Consell debe distribuir el esfuerzo entre los municipios y garantizar que los centros se ubiquen en lugares adecuados, no en entornos rústicos sin servicios”, sostienen.
Por todo ello, los Veïnats del Puig de Santa Magdalena solicitan al presidente del Consell, Llorenç Galmés, que actúe de inmediato y paralice cualquier actividad actual o futura en el recinto de “La Finca”, por entender que no cumple las condiciones de seguridad, sanidad ni accesibilidad exigibles.
“Sería irresponsable permitir que continúe una actividad en un lugar sin condiciones, sin licencia y con riesgo evidente”, concluye el escrito remitido al Consell, fechado el 15 de octubre de 2025.
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