Fue el 23 de febrero de 1983 cuando el estado daba su golpe más duro a Rumasa. Fue ese día en que se aprobó el Decreto Ley 2/1983 del Consejo de Ministros de expropiación de las empresas del controvertido aristócrata José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada.
Rumasa, acrónimo de Ruiz-Mateos Sociedad Anónima, era un holding compuesto por 700 empresas que daban trabajo a 65.000 personas. Su facturación anual era de 350.000 millones de pesetas.
Los motivos aducidos por parte del Gobierno socialista para emprender una medida de tal calibre fue la falta de auditorías externas a las empresas más importantes del grupo, su obstrucción a la inspección del Banco de España y una deuda a la Seguridad Social que alcanzó los 350.000 millones de pesetas.
En estas tres décadas que han sucedido a la expropiación, los Ruiz-Mateos se han dedicado a denunciar mediáticamente una “persecución injusta” por parte del Gobierno del PSOE y más concretamente del ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer.
La expropiación de Rumasa no fue escarmiento para José María Ruiz-Mateos y sus vástagos. No en vano, está inmerso en un proceso judicial en Palma debido a una presunta estafa en la compraventa de una instalación hotelera. Sus entradas en los juzgados de Vía Alemania han tenido la misma teatralidad que en anteriores ocasiones aunque el disfraz de superman no ha vuelto a salir de casa.
