La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de cárcel para el abogado Alejandro Feliu, socio del Bufete Feliu -investigado en varios procesos judiciales por numerosas estafas y defraudaciones a Hacienda- por presuntamente haber ayudado a eludir el pago de más de 3,3 millones de euros al fisco y a blanquear 3,7 millones mediante la compra de distintos inmuebles en Mallorca.
Feliu volverá a sentarse en el banquillo de los acusados en el marco del conocido como caso Relámpago, y lo hará a partir de este lunes lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears.
Junto a él será juzgado el propietario del patrimonio adquirido mediante ganancias ilícitas en Reino Unido, Peter Brian Bradley, quien ocultó deliberadamente el origen, la cuantía y la titularidad de su riqueza. El Ministerio Público solicita 12 años de prisión para el procesado.
También se sentarán en el banquillo los acusados Alejandro Bellapart, quien junto a Feliu ayudó en la creación de mecanismos de ocultación (se enfrenta a una petición de tres años de cárcel); la supuesta testaferro Maria Antònia Ferragut (diez meses de prisión); el notario y exsecretario general del PP balear Alberto Herrán, que permitió introducir en España los fondos de origen ilegal (un año y cuatro meses), y Monika Sonja, quien también habría omitido sus obligaciones tributarias (dos años).
Tal y como postula la Fiscalía en su escrito de acusación, tanto Feliu como Bellapart proporcionaron los medios necesarios -sociedades en paraísos fiscales, cuentas corriente puente para evitar identificar al titular de los fondos, y pagos en efectivo- para ayudar a Bradley en su actividad delictiva.
Se puso en marcha así un esquema de empresa 'pantalla' para que la Agencia Tributaria fuese incapaz de exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, al tiempo que se ocultaba a las autoridades judiciales el origen delictivo de los fondos, además de permitir que los bienes que Bradley iba a obtener y disfrutar eludieran el correcto pago de los distintos impuestos y sacara de este modo sustanciosos provechos económicos.
El británico, según la acusación pública, utilizó para ello tres sociedades instrumentales (dos de ellas radicadas en paraísos fiscales). Una de ellas, Bell Brogit, la constituyó en septiembre de 2004 con un capital de 6.000 euros y a través de la misma formalizó la compraventa de una vivienda unifamiliar en la urbanización Sol de Mallorca, en Calvià, por 1,85 millones de euros.
"El pago de 1,85 millones por parte de una sociedad que sólo tiene 6.000 euros resulta, cuando menos, llamativo", enfatiza la Fiscalía, que incide en que, dada la incapacidad de la empresa recién constituida para realizar el pago, ésta "tuvo que realizarse por los socios, que son sociedades radicadas en paraísos fiscales".
