La norma, sacada adelante por PP y Vox, declara Baleares en situación de emergencia habitacional y prevé ante este escenario el desarrollo de los PRE en las áreas de transición --suelo rústico-- de Palma y municipios de más de 20.000 habitantes, así como en el suelo urbano o urbanizable en los de más de 10.000 habitantes.
Además, PP y Vox han pactado vía enmiendas que se pueda utilizar el suelo rústico sin agotar el urbanizable y ampliar las legalizaciones en rústico en la Serra de Tramuntana --suelo protegido-- con un plazo de prescripción de ocho años. La norma se ha aprobado con polémica y entre protestas a las puertas del Parlament de asociaciones y colectivos, entre ellos el GOB y la Federació de Veïns de Palma, contra "las políticas totalmente desreguladoras y ultraneoliberales" que impulsan PP y Vox.
"PALIARÁ EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN BALEARES"
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido en el Parlament la nueva ley de obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos (PRE), una norma que, según ha afirmado, servirá para paliar el problema estructural de acceso a la vivienda en Baleares.

El debate ha comenzado con varios minutos de retraso después de que los grupos de izquierda hayan reclamado suspender el pleno por supuestas deficiencias en la tramitación parlamentaria, una petición que finalmente ha sido rechazada por la Mesa. Fuera de la Cámara, se ha convocado una protesta ciudadana contra la aprobación de esta norma, que ha despertado una fuerte polémica durante su tramitación.
Durante su intervención, Mateo ha subrayado que esta ley “no aumentará la presión demográfica, como falsamente difunden”, ya que las viviendas protegidas derivadas de estos proyectos estarán destinadas únicamente a residentes, con el requisito de haber vivido al menos cinco años en las Islas Baleares. “¡Vivienda para la gente de aquí!”, ha proclamado el conseller desde la tribuna.
Según el Govern, la nueva normativa permitirá acelerar los plazos urbanísticos, que actualmente pueden superar los diez años, reduciéndolos a entre año y medio y dos años. Los PRE establecerán un único procedimiento para tramitar el plan de ordenación, la reparcelación y el proyecto de urbanización.

En su exposición, Mateo ha contrapuesto esta ley al modelo urbanístico anterior, al que ha acusado de haber permitido “barrios de lujo como Nou Llevant o 3.000 chalets con piscina en suelo rústico solo en Mallorca”. Frente a eso, ha defendido una norma que reserva el 50 por ciento de la edificabilidad de los nuevos proyectos a vivienda protegida, además de obligar a ceder un 15 por ciento del aprovechamiento al ayuntamiento correspondiente.
ÁREAS DE TRANSICIÓN URBANÍSTICA
La ley también habilita el uso de áreas de transición urbanística en 13 municipios de más de 20.000 habitantes, pero bajo condiciones estrictas: estos deberán haber agotado previamente sus suelos urbanos y urbanizables, o justificar técnica y económicamente por qué no pueden activar suelos ya clasificados.
Durante su intervención, Mateo ha insistido en que esta ley desbloquea suelo con “vocación” de uso residencial y permite movilizar más suelo urbanizable y urbano en municipios de más de 10.000 habitantes. También incluye una disposición para que, tras su entrada en vigor, los promotores dispongan de un año para presentar estudios preliminares ante los ayuntamientos.
El conseller ha señalado además que la norma incorpora varias novedades pactadas con Vox durante la negociación parlamentaria. Entre ellas, la obligación de que, en los PRE, al menos el 50 por ciento de las viviendas protegidas se destinen al alquiler, y que estas se construyan antes o al mismo tiempo que las de precio libre.
También se prevén reservas específicas de vivienda para colectivos concretos, como jóvenes menores de 35 años —que deberán disponer del 30% en promociones de precio limitado— y empleados públicos, que contarán con un mínimo del 10% en municipios grandes.
Por último, Mateo ha destacado que la ley endurece el acceso a las ayudas públicas en materia de vivienda: quedarán excluidas las personas con condenas por allanamiento de morada o usurpación en los cinco años previos. También se refuerza el impulso a la promoción pública del IBAVI, con medidas para agilizar su tramitación y reducir los plazos actuales.
LA IZQUIERDA RECURRIRÁ LA LEY AL TC
La izquierda, por su parte, ha reclamado la suspensión del pleno alertando de irregularidades en la tramitación y entendiendo que el texto que finalmente se ha votado y aprobado no se ajusta al debatido en ponencia y han puesto como ejemplo la aparición en el dictamen de un artículo, el 7, que había sido eliminado en ponencia.

Tras el debate y antes de la votación, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha pedido que se aclare esta cuestión, al considerarla especialmente grave. "En comisión no se votó el artículo 7 bis y ahora en el seguimiento aparece el 7 bis y no se ha votado en comisión, lo cual supone un incumplimiento grave y al menos quiero que conste en acta por lo que pueda suponer efectos de recursos", ha indicado.
El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha pedido la lectura de uno de los artículos para, en virtud del reglamento, "ilustrar" a los diputados en lo que se está votando. La secretaria de la Mesa ha leído el artículo. Tras esto, los portavoces de MÉS per Mallorca y PSIB, Lluís Apesteguia y Iago Negueruela, han solicitado que para aclarar, a efectos del previsible recurso ante el TC, qué diputados han visto vulnerados sus derechos, han pedido votación por llamamiento de los artículos objeto de la polémica, el 7 y el 7 bis.

La norma finalmente, ha sido votada con normalidad, y en último lugar, por llamamiento se han votado el 7 y el 7 bis conjuntamente. Curiosamente, Apesteguia ha votado primero 'sí', aunque inmediatamente ha rectificado, lo que ha motivado las risas del resto de diputados.
2 respuestas
si si….la risa de los diputados y la indignación de los ciudadanos contribuyentes
La izquierda no permitirá que solucionéis el problema de la vivienda que llevan años creando para tomar como rehenes a una generación de mallorquines que nunca podrán comprarse una vivienda, dirán lo que sea necesario para ganar el relato que oculte su incompetencia, no han hecho nada más que aplicar políticas equivocadas como atacar la oferta, pero cuidan el relato para parecer que hacen algo