Ahora que Armengol y sus socios ya han aprobado el aberrante Plan lingüístico que pretende imponer el catalán en todos los ámbitos de la sociedad, los defensores de la libertad debemos intensificar nuestra oposición a este tipo de políticas propias de regímenes totalitarios.
Este plan catalanista parte de una perversión contraria a la libertad: No hay diferencias entre imponer el uso del catalán en la esfera pública e imponerlo en la privada.
Los ciudadanos de Baleares somos víctimas de la esquizofrenia que una minoría nacionalista ha conseguido imponer en el ámbito público: Las lenguas mayoritarias del antiguo Reino de Mallorca, el español y el balear, han desaparecido oficialmente del Parlamento, de los gobiernos autonómicos e insulares, de la Administración autonómica, insular y local, de IB3 y de la universidad pública. Los poderes públicos han impuesto unas Baleares oficiales catalanoparlantes a unas Baleares reales que no lo son.
Pese a la falsa apariencia oficial, nuestra realidad lingüística es la que es: La de una sociedad que elige libremente la lengua a utilizar en sus relaciones personales o profesionales, privadas, y que cuenta con una lengua regional en riesgo de ser sustituida por el catalán. La realidad es que el español es la lengua común de todos los españoles y la segunda más hablada en el mundo. Y es que nadie prohíbe a los columnistas de prensa escribir en catalán, pero la inmensa mayoría lo hacen en español; nada impide a los empresarios montar medios de comunicación en catalán, pero ninguno ha querido jugarse en ello su dinero; nadie impide a la población hablar en catalán, pero la mayoría lo hace habitualmente en español; ni nadie impide a los comerciantes rotular en catalán, pero la mayoría lo hacen en español, incluso prescindiendo de la subvención pública a la que podrían acceder si lo hicieran en catalán. Y lo hacen en uso de su libertad. Una realidad desalentadora e insoportable para la socialista Francina Armengol y sus colegas separatistas, esos que utilizan la lengua como instrumento político para conseguir sus antidemocráticos objetivos. Una situación que pretenden corregir por la vía coercitiva y con el dinero de todos. Como en las mejores dictaduras. El nacionalismo quiere hacer en el ámbito privado lo que se ha hecho durante treinta años en el público: Imponer el catalán por las bravas.
Esta nueva imposición se llevará por delante la libertad individual y la libertad de empresa que toda democracia debe proteger. Una nueva vuelta de tuerca que pretende ahora adaptar las Baleares reales libres a las oficiales catalanoparlantes. Un nuevo ataque a la libertad que no debemos permitir.
