El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha repasado esta mañana los actuales retos de la prensa en una charla en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), adscrito a la Universidad Pontificia Comillas. El periodista, ex redactor jefe del diario El País, ha afirmado que Vito Quiles “es un activista, no un periodista” y que la FAPE ha propuesto que dejen de acreditarlo en el Congreso de los Diputados.
La FAPE, con más de cien años de historia, representa a más de 15.000 periodistas en toda España. Integra 49 asociaciones territoriales, entre ellas la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), cuya presidenta, Ángeles Durán, ha acompañado al ponente. En la FAPE hay además 14 asociaciones sectoriales, como las de periodistas deportivos, parlamentarios o de investigación.
Noceda ha explicado la diferencia entre periodismo incómodo y activismo: “La frontera está en el insulto y en la falta de respeto. Esto es lo que hacen Vito Quiles y otros, los cuales están alimentados por grupos políticos de la ultraderecha”, ha señalado. “Nosotros lo denunciamos y hemos dado amparo a muchos periodistas asociados por el acoso que han recibido. Estos activistas se hacen pasar por periodistas porque les acreditan en el Congreso. Revientan las ruedas de prensa y persiguen a los políticos hasta su casa. Vito Quiles iba en la lista política de Alvise Pérez en las europeas. Nos llegó él mismo a pedir amparo. Queremos que les quiten la acreditación”.
El presidente de FAPE he repasado los retos de la prensa actual, como la actualización del código deontológico, la regulación del secreto profesional o la implantación de la alfabetización mediática. Sobre la Inteligencia Artificial, ha recordado que “todo el periodismo hecho con IA debe estar supervisado por un humano y los medios deben avisar siempre de su uso en las informaciones”.
Según Noceda, la comisión de quejas, ética y deontología de la FAPE, formada por periodistas, juristas y profesores, ha realizado ya 222 informes para denunciar la mala praxis. “Su objetivo es sacar los colores a una actividad mal hecha. Nosotros publicamos los informes pero la profesión no suele difundirlos, por aquello de que el bombero no pisa la manguera de otro bombero”.
Sobre el proyecto de la nueva ley de Secretos Oficiales, ha apuntado que el régimen sancionador, que va de los 30.000 euros a los 5,5 millones, puede ser “un elemento disuasorio” para los periodistas. “El punto positivo es que abandona el ámbito penal y pasa al administrativo. En general, hemos comunicado al gobierno que estamos de acuerdo con el borrador pero nos preocupa su aplicación”. En cuanto a la regulación del secreto profesional, ha dicho que debe blindarse el derecho de los periodistas a no identificar a sus fuentes: “Antes la muerte que la fuente. Sin fuentes no obtendremos nunca información”.
Respecto al proyecto de obligación de transparencia de los medios, ha declarado: “Nos parece bien que se ponga un límite del 35% en los ingresos de dinero público. Así salvaguardamos la independencia de los medios. Hay medios pequeños que dependen demasiado de subvenciones y rinden pleitesía a los que les pagan”.
Por último, ha defendido la formación de los niños en el consumo crítico de medios de comunicación: “Proponemos que haya una asignatura desde Primaria dedicada a la alfabetización mediática, es decir, que aprendan sobre los medios de comunicación. Esto ayudaría también a aumentar la oferta de trabajo en la profesión. En Andalucía se ha avanzado mucho en esta materia. Falta mucho por hacer en la mayoría de comunidades”.
El CESAG celebra este curso el 20º aniversario de la creación de los primeros grados en Comunicación en las Illes Balears. Fue en 2005/2006 cuando, por primera vez, se pudieron cursar en las Islas los estudios en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Este centro universitario privado sigue siendo el único en impartirlos y ha crecido con los años añadiendo el doble grado y la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas.
