La Audiencia Nacional llama a declarar a Marc Pons por la trama hidrocarburos

La investigación judicial sobre el caso hidrocarburos entra en una fase clave a comienzos de 2026. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar en enero como testigos a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, exjefes de gabinete de las entonces ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

Las comparecencias están fijadas para el 28 de enero y se producirán en una semana especialmente intensa para la causa. Ese mismo día, el magistrado volverá a tomar declaración como investigado al empresario Claudio Rivas, a quien los investigadores sitúan como presunto líder de la trama de hidrocarburos vinculada a la operadora Villafuel.

La agenda judicial continuará el 29 de enero, cuando está citado de nuevo como imputado Víctor de Aldama, señalado como presunto intermediario clave, y también como testigos Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa relacionada con la causa. Un día después, el 30 de enero, deberán comparecer en calidad de investigadas las empresarias Carmen Pano —quien asegura haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz— y su hija Leonor González, además de Álvaro Gallego, vinculado por los investigadores a 108.500 euros retirados en efectivo.

LA SOMBRA DE LA INFLUENCIA POLÍTICA

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) amplía el foco del caso y apunta a que la trama no solo habría logrado infiltrarse en el Ministerio de Transportes cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos, sino también en Industria, Comercio y Turismo y en Transición Ecológica, departamentos entonces encabezados por Maroto y Ribera.

Según los agentes, la vía de acceso habría sido Aldama, descrito como “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de influir en la resolución administrativa que debía autorizar a Villafuel a operar en el mercado mayorista de hidrocarburos pese al incumplimiento de los requisitos legales, todo ello “a cambio de una contraprestación económica”. La UCO sitúa a Aldama y a Rivas como presuntos cabecillas, responsables del control y la coordinación de las distintas estructuras de la organización.

UNA TRAMA ESPECIALIZADA Y UN FRAUDE MILLONARIO

Los investigadores describen la existencia de una organización criminal especializada en delitos contra la Hacienda Pública dentro de un sector considerado estratégico. La estructura principal se articulaba en torno a Villafuel y otras mercantiles del sector, mientras que, en paralelo, operaba una segunda red empresarial orientada al blanqueo de capitales procedentes de las actividades ilícitas.

La UCO fija el inicio de las presuntas operaciones en 2020, cuando desde el entorno de la organización se habría pedido a Aldama que activara su red de contactos para interceder, principalmente, en Transportes y facilitar la licencia de operadora. Según el informe, la trama habría llegado a gastar alrededor de un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su entonces asesor Koldo García.

En uno de los atestados, los agentes detallan el mecanismo clásico del fraude de hidrocarburos: la operadora compra combustible en depósitos fiscales abonando solo los impuestos especiales, pero no el IVA, que debería ingresar posteriormente tras repercutirlo a las gasolineras. El fraude consiste en no ingresar ese IVA cobrado, generando un perjuicio millonario a las arcas públicas. Con el paso del tiempo y la presión policial, la trama habría sofisticado el esquema mediante nuevas sociedades para ocultar a los verdaderos responsables y evitar inhabilitaciones.