El Real Decreto-ley se ha aprobado a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el periodo del año hidrológico la reducción de precipitaciones con carácter general se ha situado en torno a un 40 por ciento respecto a las series históricas y en el Guadalquivir y el Guadiana se sitúa en torno al 60 por ciento.
"Es una reducción muy significativa", ha destacado Planas, que ha explicado que el real decreto ley incorpora cinco bloques que constituyen un "paquete potente" de medidas de respuesta para tratar de recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas y cuya estimación de impacto se sitúa en unos 450 millones de euros.
En concreto, ha indicado que los agricultores y ganaderos podrán acceder a una reducción del 20 por ciento en los módulos del IRPF y acceder a líneas de créditos ventajosas, aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social y se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio.
Además, el paquete de medidas fija un precio del agua desalada para 2022, un recurso clave para paliar la falta de recursos hídricos convencionales en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana.
Al mismo tiempo, durante 2021 las explotaciones agrarias han tenido que afrontar un incremento de los constes de producción, debido al encarecimiento de los precios de las materias primas y de la energía.
En concreto, en materia laboral y de Seguridad Social incluye medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %, siete veces inferior al habitual.
En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.
Por otro lado, se incorporan medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones. En concreto, se pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector.
2,7 MILLONES DE EUROS DE FINANCIACIÓN
Por otro lado, en relación con la financiación de avales en explotaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) podrá poner a disposición de los operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
Además, a la mayor brevedad se acordará que el seguro agrario pueda acometer ampliaciones de crédito precisas a fin de que se pueda dar respuesta al incremento en la contratación producida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados y el Gobierno solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC).
Respecto al agua desalada, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha definido unas "tarifas asumibles" para los usuarios de regadío para el agua desalada en las Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM) y en las conducciones que deben salvar mediante elevaciones una gran diferencia de cota entre origen del recurso y demanda de destino.
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