Así lo ha confirmado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana al finalizar la conferencia sectorial, que ha finalizado con una unanimidad ya prevista por la ministra, Isabel Rodríguez, tras declaraciones de los representantes autonómicos. "Han sido muchos meses de trabajo, de diálogo", ha indicado Rodríguez.
La ministra socialista ha señalado que este plan ha contado con la participación no solo de las administraciones públicas sino también de la sociedad, los agentes del sector y que ha recibido hasta 400 propuestas de entidades sociales. Asimismo, ha puesto en valor que el plan acordado destina el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, una cuestión que demuestra que "cuando se quiere y se trabaja en él", es posible alcanzar acuerdos entre distintas administraciones.
RECIBIRÁN LOS IMPORTES EN JULIO
Por otro lado, Rodríguez ha descartado que el reparto de los fondos se vea afectado por los diferentes procesos electorales que se han celebrado ni en el caso de que se produjese un adelanto electoral en el Gobierno central. Así las cosas, las CCAA que acepten el acuerdo este jueves podrían recibir los importes para el mes de julio.
Con todo, desde el departamento ministerial esperan que este acuerdo "marque un punto de inflexión" a partir del que las comunidades autónomas "colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda" para aplicar todas las medidas de la Ley de Vivienda que sirvan para bajar los precios del alquiler y "frenar la especulación". El plan está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y blinda las viviendas públicas con carácter permanente.
MISMOS CRITERIOS QUE EL PLAN 2022-25
La propuesta del Ministerio mantiene los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal. Además del 40% para vivienda protegida, el plan destina otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un mayor esfuerzo que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.
NO ESPECULACIÓN CON VIVIENDA PÚBLICA
El nuevo Plan Estatal de Vivienda, enmarcado en la Ley por el Derecho a la Vivienda, busca impulsar la construcción, rehabilitación y protección de vivienda pública, blindando las promociones financiadas con fondos públicos para evitar la especulación. El Gobierno incorporará mecanismos de control, cláusulas antifraude y sistemas de seguimiento semestral para supervisar el desarrollo de las actuaciones.
Por comunidades, Andalucía recibirá la mayor dotación, con 1.197 millones de euros, seguida de Madrid (1.113 millones) y Cataluña (1.015 millones). En el caso de Baleares, contará con 168 millones de euros, 123 millones más que en el plan anterior.
LAS COMUNIDADES DEL PP CRITICAN EL PLAN
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han cargado contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por considerar que el Gobierno lo ha elaborado “a espaldas” de las autonomías y con una “agenda ideológica”, aunque finalmente han respaldado el reparto territorial de los fondos.
El consejero madrileño Jorge Rodrigo ha asegurado que el plan “llega tarde y mal” y ha cuestionado la protección permanente de la vivienda pública planteada por el Ministerio, mientras que Andalucía estudia recurrir parte del contenido ante los tribunales.
En el caso de Baleares, el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha justificado el apoyo al reparto “por responsabilidad”, al considerar que “los ciudadanos de Baleares no pueden esperar más”, y ha valorado que el plan reconozca “por primera vez” el problema de falta de oferta residencial.
