Baleares se sitúa como la segunda comunidad autónoma con más agresiones a enfermeras en 2024, solo por detrás de Andalucía. En total, el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE) ha registrado 380 denuncias en el archipiélago, una cifra que pone de manifiesto la creciente violencia que sufren estos profesionales también en las islas, pese a la aparente reducción global en el número de casos a nivel estatal.
A nivel nacional, el CGE ha contabilizado 2.525 agresiones denunciadas entre enero y julio de este año, lo que supone una disminución de más del 10 por ciento respecto a 2023, cuando se notificaron 2.840 casos. No obstante, el propio organismo advierte de que las cifras podrían estar muy por debajo de la realidad, debido a los problemas de registro y la falta de notificación sistemática, especialmente de incidentes verbales o amenazas que no llegan a denunciarse formalmente.
Las Islas Baleares solo están por detrás de Andalucía, que lidera la estadística con 546 casos. Les siguen Castilla y León (359), Aragón (290) y Navarra (230). En el otro extremo, las regiones con menor número de agresiones notificadas son Ceuta y Melilla (1 caso cada una), Extremadura (14), Comunidad Valenciana (15) y Madrid (30).
“LO QUE NO SE REGISTRA NO SE CONOCE…”
Desde el Consejo General de Enfermería señalan que en muchas comunidades autónomas, como Canarias o Galicia, los descensos de casos pueden estar ligados a una infranotificación derivada de que solo se contabilizan las denuncias interpuestas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no el total de agresiones que realmente se producen en los centros sanitarios.
El CGE insiste en la necesidad de un sistema de registro unificado, transparente y obligatorio, que incluya también a la sanidad privada, y reclama a las administraciones públicas una respuesta firme. “Lo que no se registra no se conoce, y lo que no se conoce no existe ni se puede combatir”, ha subrayado el presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya, quien también ha insistido en la importancia de mantener una política de tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión.
Entre las causas más habituales de los ataques figuran la disconformidad con la atención recibida, problemas de accesibilidad, largas demoras y la presión asistencial que sufren los servicios de Urgencias y Atención Primaria. El CGE recuerda que, más allá del daño físico, este tipo de agresiones tiene un profundo impacto psicológico sobre los profesionales sanitarios, generando frustración, ansiedad e incluso bajas laborales.
DEFICIENCIAS DEL SISTEMA
“Muchas veces quien sufre una agresión piensa que ha hecho algo mal, cuando en realidad el origen está en las deficiencias del sistema, no en la profesionalidad de la persona agredida”, ha explicado el secretario general del CGE y director del Observatorio, Diego Ayuso.
El CGE ha puesto en marcha medidas de apoyo y prevención, como jornadas formativas y un curso gratuito a través del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), y mantiene colaboración activa con la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ministerio de Sanidad y otros consejos profesionales.
“Queremos que las enfermeras sepan que no están solas y que siempre encontrarán apoyo en sus colegios, en el Consejo General de Enfermería y en las fuerzas de seguridad”, ha concluido Pérez Raya.
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