Las comunidades que menos porcentaje de inversión asumieron en el gasto total en dependencia durante 2025 fueron La Rioja (59,8 %), Castilla y León (63,3 %), Andalucía (66 %) y Galicia (67,1 %). En el extremo contrario se sitúan País Vasco (85,3 %), Navarra (81,4 %) y Baleares (81,3 %), entre las autonomías que más recursos propios destinaron a este ámbito.
Así se desprende de un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que cifra en 13.734 millones de euros la inversión pública en atención a la dependencia. Del total, el Gobierno central financió el 27,4 % —un 8 % más que el año anterior—, mientras que las comunidades autónomas asumieron el 72,6 %, con un incremento del 6,5 % respecto a 2024.
GASTO POR BENEFICIARIO
El gasto anual medio por persona beneficiaria se situó en 8.417 euros. De esta cantidad, la Administración General del Estado aportó 2.306 euros a través del nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas financiaron los 6.111 euros restantes. País Vasco lidera la inversión por beneficiario, con 14.384 euros anuales, prácticamente el doble que Aragón, la comunidad que menos destinó, con 7.159 euros.
Si se analiza la inversión por persona potencialmente dependiente, País Vasco vuelve a encabezar la clasificación con 3.102 euros, seguido de Extremadura (2.757), Baleares (2.632) y Navarra (2.578). En la parte baja aparecen Galicia (1.490), Canarias (1.492) y Murcia (1.751).
INVERSIÓN POR HABITANTE
El informe también compara la inversión por habitante. La media estatal es de 280 euros, aunque existen importantes diferencias entre territorios. País Vasco (480 euros), Extremadura (411) y Castilla y León (388) son las comunidades que más invierten por residente, frente a Canarias (179), Murcia (226) y Cataluña (247), que registran las cifras más bajas.
Además, el estudio advierte de que ocho comunidades verán reducida este año la financiación estatal al no cumplir los objetivos de mejora vinculados al empleo, la reducción de listas de espera y la calidad de los servicios, medidas todavía pendientes de aprobación. Cataluña será la más afectada, con un recorte del 15,5 %, seguida de la Comunitat Valenciana (9,14 %), Asturias (5 %), Extremadura (4,9 %), La Rioja (4,7 %), Cantabria (1,8 %), Aragón (0,6 %) y la Comunidad de Madrid (0,3 %).
RECLAMO DE MÁS RECURSOS
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, reclama al Gobierno central que incremente la financiación en al menos mil millones de euros anuales para reducir las listas de espera y mejorar tanto las prestaciones económicas como la intensidad de los servicios.
Ramírez recuerda además que el gasto público en dependencia representa actualmente el 0,8 % del PIB, aproximadamente la mitad de la media de los países de la Unión Europea. “Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y tienen tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, después de casi 20 años, la dependencia sigue siendo un derecho pendiente y su potencial continúa sin desarrollarse”, concluye el informe.
