En el escrito, la naviera pide al juez que eleve una cuestión de constitucionalidad al considerar que, con la norma de la máxima institución insular, se vulneran los derechos fundamentales de igualdad y movilidad.
La compañía sostiene en un comunicado que la medida discrimina entre no residentes propietarios y no propietarios de vehículos, y limita de manera injustificada la circulación dentro del territorio español.
Además, subraya que se trata de una iniciativa "ineficaz e injusta", que supone una grave carga económica para el transporte marítimo, al tiempo que no reduce de forma comprobable la huella ecológica de la isla.
La demanda se apoya en un informe elaborado por los doctores Esteban Morelle Hungría y María Luisa Cuerda Arnau, de la Universitat Jaume I, y en otro de la consultora Meteoclim.
Según el primero, la restricción aprobada por el Consell es "un ejemplo de 'greenwashing' normativo", que proyecta una imagen de compromiso ambiental pero carece de eficacia real.
Para la popular naviera, la medida no incide sobre la principal fuente de congestión, que es el parque móvil residente, y no contempla mecanismos de control ambiental ni distingue entre vehículos contaminantes y de cero emisiones.
El estudio de Meteoclim, por su parte, avala con datos científicos que la restricción no tiene efectos positivos ni para la movilidad ni para el medio ambiente.
En los próximos días Baleària dará a conocer con detalle los informes incluidos en la demanda y los efectos económicos de la medida, tanto en el aumento del parque móvil local como en la saturación del tráfico y en el impacto sobre el transporte marítimo.
