Martes 29 de julio. Esa es la fecha fijada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a un ciudadano que necesita hacer una consulta y el pasado lunes 30 de junio solicitó cita previa telefónica. Un mes de demora.
Este embudo burocrático está colapsando un servicio público esencial, sobre el que se sustenta uno de los pilares del Estado del bienestar, provocando perjuicios graves a los usuarios.
La imagen de la Seguridad Social como una institución sólida y cercana se desmorona. Basta con realizar una prueba: entrar en la web o llamar al 901 10 65 70 para pedir una cita. El resultado es desolador: la primera fecha disponible es casi un mes después. Un retraso inaceptable para cualquier administración pública, pero todavía más grave cuando hablamos de prestaciones esenciales: pensiones de jubilación, viudedad, bajas laborales, ayudas familiares o el Ingreso Mínimo Vital.
Todo pasa por la cita previa. Sin ella, no hay forma de realizar ningún trámite ni presencial ni telefónico. Sí es cierto que en la Dirección Provincial de la Seguridad Social, en la calle Pere Dezcallar i Net, número 3, atienden presencialmente sin cita previa, aunque únicamente para facilitar información. Pero hay que hacer cola en la calle, de pie, aunque se ha colocado un gran parasol para resguardar a los usuarios que esperan su turno.
Este modelo, impuesto bajo la excusa de la digitalización y la eficiencia, ha terminado por excluir a miles de personas, especialmente a las más vulnerables: mayores, personas con discapacidad, ciudadanos sin competencias digitales o extranjeros con dificultades idiomáticas.
El PP alerta: “La Seguridad Social está al borde del abismo”
El portavoz adjunto en el Congreso y coordinador económico del PP, Gerardo Camps, ha calificado la situación de “caos y colapso” y ha acusado al Ejecutivo de “abandonar” la Seguridad Social por su “falta de personal y recursos”.
“Estamos al borde del abismo. El sistema está colapsado y nadie asume responsabilidades”, advierte Camps, que también critica los “continuos cambios normativos sin planificación ni recursos humanos” que, en su opinión, agravan el problema.
El PP denuncia que las oficinas están saturadas, que los retrasos en la concesión de prestaciones son inasumibles y que el desmantelamiento de la atención presencial es una decisión deliberada del Gobierno de Pedro Sánchez. “Es una dejación de funciones. La Seguridad Social ha dejado de ser accesible para millones de ciudadanos”, sentencia Camps.
Según los 'populares', hay más de 80.000 expedientes de incapacidad permanente sin resolver, 133.000 personas con bajas de más de 365 días, 80.000 reclamaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) pendientes, 60.000 revisiones de deuda y 17.000 quejas ciudadanas.
“El sistema se está cayendo y lo más grave es que el Gobierno no solo no lo sostiene, lo empuja. España no funciona, no funcionan los trenes,no funciona el sistema eléctrico y no funciona la Seguridad Social”, denuncian.
2 respuestas
No en todos, en el mío de SA RAPITA, esto no pasa. Te dan hora casi enseguida, grandes profesionales, la administrativa, la enfermera y la médico.
En el centro de salud del Coll d’en Rebassa me han dado cita para 2/3 dias.