La Comisión Europea evaluará la ejecución de los fondos utilizados para las pulseras antimaltrato a la luz de los fallos detectados. Así consta en la respuesta escrita a la pregunta prioritaria presentada por la eurodiputada del Partido Popular Rosa Estaràs, miembro de la comisión de Mujer del Parlamento Europeo, en la que Bruselas reconoce estar al corriente de las informaciones publicadas en los medios sobre los problemas descritos.
EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
La Comisión subraya que ha financiado esta actuación como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, en el marco del hito 472, centrado en las “inversiones en servicios telefónicos y en línea para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres”. La ejecución y el cumplimiento de estos fondos se evaluarán en el contexto de la séptima solicitud de pago con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS
En la respuesta, firmada por el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis, la Comisión indica que la evaluación se realizará sobre la base de las pruebas aportadas por las autoridades españolas y que, si fuera necesario, podrá solicitar información adicional, especialmente sobre cuestiones técnicas y sus consecuencias.
Bruselas recuerda además que, de acuerdo con el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros son responsables de la correcta adjudicación y ejecución de los contratos financiados con fondos europeos, así como del cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de contratación pública. En caso de incumplimiento, la Comisión podría adoptar medidas correctoras, incluidas correcciones financieras.
CRÍTICAS Y EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES
“La Comisión Europea deja claro que este asunto será examinado y que el uso de fondos europeos para proteger a las víctimas de violencia de género no queda al margen del control comunitario”, ha señalado Estaràs, quien ha advertido de que los fallos técnicos, la pérdida de datos y su impacto en procedimientos judiciales son hechos de extrema gravedad que exigen transparencia y responsabilidades.
La eurodiputada ha insistido en que la seguridad de las víctimas y la correcta gestión del dinero europeo deben ser una prioridad absoluta, y ha reclamado al Gobierno español explicaciones claras ante un sistema que, según ha denunciado, ha dejado sin amparo efectivo a mujeres en situación de riesgo.
