Agostina Buzzo llegó a España en enero de 2024 con su título de arquitecta bajo el brazo y la ilusión de construir una nueva vida. Argentina de origen, recaló en Mallorca tras la dana de Valencia en noviembre de ese mismo año. Había iniciado su expediente de homologación ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en noviembre de 2023, cargado de documentación apostillada y en regla: título, analítico con carga horaria por materia, plan de estudios y el pago de la tasa correspondiente. En diciembre de 2025, más de dos años después, el Ministerio le concedió la homologación. A principios de 2026 se dio de alta en el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB). Todo parecía encauzado.
Duró poco. Un día de abril, al entrar en su sesión del COAIB para actualizar sus datos de contacto, encontró algo inesperado: una suspensión. Sin carta. Sin aviso previo. Sin explicación. Cuando llamó por teléfono al colegio, le confirmaron que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) había presentado un recurso contra su homologación. La fecha de la suspensión era el 27 de marzo. Agostina se enteró el 16 de abril. A día de hoy sigue sin recibir la notificación formal ni por parte del colegio ni por parte del Ministerio. Y no puede ejercer. "He rechazado dos proyectos de vivienda y una oferta laboral por cuenta ajena", explica. "Estoy bloqueada profesionalmente."
UN PATRÓN QUE SE REPITE
El caso de Agostina no es aislado. Forma parte de un fenómeno que afecta a decenas de arquitectos graduados en Argentina que han obtenido la homologación de su título en España y que, en el momento de colegiarse, se encuentran con que el CSCAE presenta un recurso de reposición ante el mismo Ministerio que les concedió la homologación.
Javier Colomino, arquitecto y escultor argentino de 48 años, natural de Rosario, lleva en España desde finales de 2021. Vivió primero en Andalucía y desde mediados de 2022 reside en Valencia, donde trabaja como consultor colaborando con estudios de arquitectura españoles —porque sin homologación, la ley no permite ejercer la profesión de manera autónoma ni firmar proyectos—. Solicitó la homologación en junio de 2023 y se la concedieron a finales de julio de 2025. Se colegió en septiembre. El 8 de octubre le llegó la confirmación de colegiación. Ese mismo día, según supo después, el CSCAE presentó el recurso en su contra. "Es una guerra de desgaste", afirma Colomino. "Utilizan la lentitud y la burocracia del Estado para generar angustia en la persona."
SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA HOMOLOGACIÓN
El mecanismo es siempre el mismo: el CSCAE presenta un recurso de reposición ante el Ministerio. La Administración no responde en el plazo de un mes. Ese silencio, lejos de ser neutral, tiene consecuencias jurídicas: se convierte en un silencio administrativo positivo a favor del recurrente, es decir, del Consejo Superior, lo que provoca la suspensión cautelar de la homologación. Y con ella, la suspensión de la colegiación. El afectado recibe entonces un aviso a través de la aplicación DEHU con diez días para presentar alegaciones. El mismo Ministerio que concedió la homologación no la defiende y luego notifica su suspensión.
"El Ministerio que nos otorgó las homologaciones no dice nada durante un mes y luego sí se toma el trabajo de avisarte de que tu homologación está suspendida cautelarmente porque ellos se callaron", denuncia Colomino.
RECURSOS CON ERRORES, DATOS COPIADOS Y PEGADOS
Lo que más indigna a los afectados no es solo el resultado sino la forma. Colomino y sus compañeros han detectado que los recursos presentados por el CSCAE contienen errores graves y textos idénticos copiados de un expediente a otro.
"En el mío se olvidaron de poner el anexo donde está el certificado de la autorización en el pleno del Consejo Superior para que la presidenta presente el recurso", explica. En otros expedientes han detectado que el CSCAE incluyó un listado de 57 arquitectos argentinos que homologaron hace décadas como argumento de contraste, exponiendo sus datos personales sin su consentimiento, en aparente vulneración de la Ley de Protección de Datos. "Lo nombran en el mío pero se olvidaron de adjuntarlo", añade. La agrupación ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos que se pronuncie al respecto.
Agostina corrobora el patrón. "A muchos les han copiado y pegado las mismas palabras. Los recursos son burdos a un nivel sorprendente." Incluso señala que una arquitecta cubana afectada recibió del CSCAE el mismo texto detallando supuestas carencias en horas de estructuras e instalaciones que el utilizado contra una compañera argentina, sin ninguna adaptación al caso concreto.
LA AGRUPACIÓN: MÁS DE 600 ARQUITECTOS EN DISTINTAS FASES
Ante esta situación, los afectados se han organizado de manera horizontal y espontánea en la Agrupación de Arquitectxs Graduadxs en Argentina Homologantes en España (AAGAHE). El nombre es deliberadamente amplio: no exige ser argentino, sino haber obtenido el título en Argentina. Entre sus miembros hay también profesionales de Uruguay y Chile.
Los datos, que maneja la agrupación, aseguran que el grupo general de arquitectos en proceso de homologación o ya homologados suma unas 600 personas. De ellas, alrededor de 180 ya tienen la homologación concedida. Y de esas, entre 60 y 70 han sido suspendidas tras colegiarse. El propio Ministerio, según datos recientes facilitados a la agrupación, contabilizaba cerca de 90 recursos presentados por el CSCAE, cifra que no para de crecer.
"Del 100 por cien que somos homologados y colegiados, más de un 20 por ciento fue suspendido durante el 2025 y van más en lo que va de 2026", apunta Agostina. En Baleares, Colomino estima que puede haber alrededor de una decena de afectados, aunque reconoce que la agrupación no engloba a todos los casos.
EL MINISTERIO: EL SILENCIO POR RESPUESTA
La actuación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades genera una doble frustración entre los afectados. Por un lado, su silencio ante los recursos del CSCAE activa automáticamente la suspensión cautelar de las homologaciones que el propio Ministerio concedió. Por otro, las alegaciones que el Ministerio sí responde son, en muchos casos, favorables a los arquitectos: ratifica la resolución positiva. Pero no siempre: en algunos expedientes da la razón al CSCAE, abriendo la vía contenciosa.
"Siento que es una respuesta sin fundamentos a nivel general", dice Agostina. "A todos les han llegado las mismas respuestas, de hecho a muchos les han copiado y pegado las mismas palabras."
LA POSICIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR
El CSCAE -presidido actualmente por la antigua decana del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares, Marta Vall-llossera Ferranes (entre 2015 y 2022)- reconoce haber interpuesto más de un centenar de recursos contra resoluciones de homologación y justifica su actuación en un cambio de criterio de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) producido desde marzo de 2025, que a su juicio se ha realizado "de forma unilateral, sin transparencia, ni participación de los sectores académico y profesional". ANECA es la organización que tiene la potestad de validar y homologar los títulos de los profesionales
La presidenta del CSCSAE junto a su equipo directivo durante una intervenciónSegún el Consejo, algunos expedientes homologados presentan "situaciones alarmantes", como computar asignaturas como "Guitarra Española", "Filosofía y Sociedad" o "Educación Física" para justificar la carga lectiva exigida, o contabilizar asignaturas suspendidas. Afirma también que hay expedientes homologados sin el preceptivo informe de ANECA y sin la participación de órganos consultivos profesionales.
Sobre cuántos arquitectos han visto retirado su número de colegiado como consecuencia de estos recursos, el CSCAE responde escuetamente: "Desconocemos este dato".
El Consejo asegura valorar "la atracción de talento internacional" y reconoce que existe ya "un gran número de arquitectos colegiados con titulaciones extranjeras, plenamente habilitados". Sin embargo, advierte que "habilitar sin la precisa supervisión a personas que carecen de los conocimientos técnicos y estructurales supone un riesgo inasumible que afecta, de forma directa y crítica, a la seguridad y la vida de las personas".
ANECA, LA ENCARGADA DE VALIDAR LOS TÍTULOS DESDE 2001
Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades en 2001, es ANECA —la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación— la encargada de emitir los informes técnicos que determinan si un título extranjero puede ser homologado o reconocido en España, arrogándose así una función evaluadora que hasta entonces quedaba más repartida entre ministerios y organismos sectoriales.
INTERESES CORPORATIVOS EN EL TRASFONDO
Colomino no elude el análisis político del conflicto. Señala que el CSCAE tiene su origen en una ley de 1971, en plena época franquista, que otorgó amplios poderes a los consejos superiores de las profesiones, entre ellos el de decidir sobre la validez de los títulos extranjeros. La llegada posterior de ANECA —el organismo estatal de evaluación de la calidad universitaria y al que CSCAE critica— les fue restando competencias, algo que, a su juicio, el Consejo "no ha asimilado bien".
"Las universidades españolas tienen contacto con el Consejo Superior y que entren nuevos profesionales extranjeros choca contra sus intereses corporativos", sostiene. "Los colegios autonómicos necesitan colegiados que paguen la matrícula, pero se ven obligados a obedecer al Consejo."
A su análisis no escapa el hecho de que el actual decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana ocupe también un cargo de vicepresidencia en el CSCAE. "Aquí en Valencia nadie te avisa de nada. Llega la colegiación y parece que está todo bien. Y nadie te avisa que te van a atacar."
No todos los colegios actúan igual. El de Galicia, según relata Colomino, llegó a advertir a algunas compañeras antes de colegiarlas: "Cuidado, que si os colegiáis el Consejo Superior os va a recurrir, id buscándoos un abogado."
EL LIMBO Y SUS CONSECUENCIAS
Mientras el conflicto se dilucida en los despachos del Ministerio y en los juzgados de lo contencioso-administrativo —hay al menos un caso en Baleares que ya ha recurrido a esta vía y la ha ganado—, los arquitectos suspendidos viven en un limbo legal con consecuencias muy concretas.
Agostina lleva casi dos meses suspendida sin notificación formal. Ha rechazado proyectos y ofertas de trabajo. Colomino sigue apañándose con renders, animaciones, colaboraciones con artistas falleros y trabajos de diseño que no requieren colegiación. Pero los proyectos de arquitectura que podría firmar, los que justificaron años de formación y meses de trámites, siguen fuera de su alcance.
La AAGAHE no descarta ampliar sus acciones: contacto con abogados, denuncia ante organismos de protección de datos, presencia en medios y redes sociales. Su objetivo es simple: que el Estado defienda las homologaciones que él mismo concedió.
