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Cort defiende su regulación de los pisos turísticos tras la imputación del alcalde Noguera

Cort defiende su regulación de los pisos turísticos tras la imputación del alcalde Noguera

sábado 16 de febrero de 2019, 09:00h
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha asegurado, tras la admisión a trámite de una querella por prevaricación contra el alcalde, que la regulación del alquiler turístico por parte del consistorio era obligatoria por la Ley de Turismo de Baleares y está justificada por el interés general.

Cort defiende dicho interés general "como principio para regular el alquiler turístico y garantizar el acceso a la vivienda", tras la admisión a trámite por parte del Juzgado de instrucción 5 de Palma de la querella de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) contra el alcalde, Antoni Noguera, por presuntas prevaricación administrativa y urbanística.

El gobierno municipal ha afirmado que el alquiler turístico "no ha estado nunca permitido en Palma, incluso antes de la aprobación de la ley de turismo".

Cort ha defendido que la regulación del alquiler turístico no sólo no contradice ninguna ley sino que era una obligación impuesta tras la reforma de la Ley de Turismo de Baleares y el decreto posterior, aprobados en 2017.

Esos cambios legislativos marcaron "el camino que debía seguir el Ayuntamiento para delimitar las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas en el municipio y empezar a regular este fenómeno nuevo de la economía del turismo", señala la nota.

PROPUESTA URBANÍSTICA

Según Cort, la Federación de Asociaciones de Vecinos impulsó una propuesta legislativa popular en dicho sentido, aprobada en el pleno del 27 de julio de 2017. "La propuesta fue analizada a nivel técnico y jurídico para saber si tenía el aval necesario para convertirse en propuesta urbanística", indican.

El Ayuntamiento de Palma gestionó el impulso del expediente para aprobar la regulación del alquiler turístico, tal y como marcaba la Ley de Turismo, y ésta se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Palma de manera definitiva en julio de 2018. "La motivación y justificación del acuerdo es técnica y basada en el interés general", insisten.

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