El camping ilegal, ubicado entre el Camí des Pil·larí al Tancat Prim y el Camí de Barraques, en una finca rústica conocida como Can Pollo, será precintada por la Policía Local a partir del 30 de junio, por lo que no podrán entrar ni salir vehículos sin consentimiento municipal.
Así se ha hecho saber a los habitantes de las autocaravanas a través de un cartel que fue colocado en la puerta de entrada al recinto, aunque estuvo poco tiempo colocado pues alguien lo arrancó.
En la nota se informaba que recae sobre la parcela el Decreto de Alcaldía 2220, de 3 de febrero de 2023, por el que se ordena el “cese definitivo del uso del camping de caravanas, el cual se ejerce sin el correspondiente título habilitante”.
Según ha podido saber mallorcadiario.com, el Ayuntamiento de Palma no logró notificar en su día la orden de paralización de la actividad y la Policía Local optó por no precintar el acceso, dado que había numerosas personas viviendo en el lugar.
Por esta razón, se ha decidido otorgar un plazo prudencial de tiempo para el precinto del solar e impedir la entrada y salida de vehículos.
El pasado 11 de abril este digital informó de la existencia de alrededor de 60 caravanas y furgonetas camper estacionadas en el camping ilegal de Es Pil·larí, que además aparece en distintas webs especializadas como ‘área de autocaravana’ y también ‘área de acampada privada’. Sin embargo, la finca está calificada urbanísticamente como Suelo Rústico Común – Área de Interés Agrario, lo que impide la actividad que en ella se desarrolla desde hace alrededor de una década. Cort informó que se iba a investigar la legalidad de la actividad en aquella parecela.
El camping funciona como una entidad privada a la que únicamente tienen acceso los socios de la ignota ‘Asociación de amigos del cicloturismo campestre’. Además, para proteger la privacidad e impedir el acceso de personas a la finca, en la puerta de entrada se ve un letrero donde se puede leer: “Camp4cycle. Propiedad privada. Solo socios”.
PROBLEMÁTICA EN AUMENTO
Las enormes dificultades para acceder a una vivienda, por la carestía de los precios de compraventa y también de alquiler, ha obligado a muchos trabajadores a optar por instalarse, de forma más o menos permanente, en una caravana, autocaravana o furgoneta camper, como solución transitoria al problema habitacional.
Esta realidad ha ocasionado que en los útimos años hayan aparecido multitud de asentamientos en diversos lugares de la capital, donde se estacionan estos vehículos en la vía pública, lo que puntualmente ha generado problemas con los residentes.
El Ayuntamiento de Palma está ultimando una nueva ordenanza cívica que impide estacionar este tipo de vehículos durante más de 10 días en el mismo lugar. No cumplir esta prohibición será considerado infracción muy grave, castigada con multa de entre 750 y 1.500 euros.
La norma ha sido duramente criticada por los caravanistas, que acusan al consistorio de criminalizarles. Por ello, el pasado 11 de mayo llevaron a cabo un concentración de protesta en la Plaza de Cort, a la que asistieron alrededor de 50 personas. Ante las movilizaciones y en el proceso de participación pública de la futura ordenanza cívica, el equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Jaime Martínez, ha suavizado algunas de las restricciones iniciales planteadas para poner freno a la proliferación de gente viviendo en caravanas.
Ante los obstáculos y las dificultades que entraña aparcar las autocaravanas en la vía pública, algunos optan por pagar y hacerlo en campings sin licencia ubicados en suelo rústico, pagando hasta 300 euros la noche o 300 euros al mes, como sucede con el camping de Es Pil·larí.
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