A los detenidos se les acusa de falsedad documental así como de favorecer la inmigración ilegal y no se descartan nuevas detenciones puesto que las investigaciones siguen abiertas.
Las investigaciones se iniciaron cuando un ciudadano contactó con la Policía Nacional para informar de que había descubierto que en su vivienda, donde residía junto a su familia, tenía empadronados a cinco extranjeros y desconocía quienes eran y quien los había empadronado.
Realizadas las investigaciones oportunas, la Policía Nacional comprobó que todos los extranjeros se habían empadronado sin el permiso del dueño de la casa y utilizando para ello un contrato de alquiler falsificado a nombre del dueño del piso y de su mujer.
Como arrendador figuraba otro extranjero que resultó ser el responsable de la falsificación y de presentar toda la documentación en el Ayuntamiento de Palma. Se trata de un ciudadano de origen marroquí que ya fue investigado y detenido en el año 2024 por hechos similares.
Este individuo se dedica a cerrar contratos de arrendamiento falsos usando los datos de auténticos propietarios (recopilados previamente) y los de los extranjeros que desean empadronarse, a quienes cobra unos 350 euros, de tal forma que él no figura por ningún lado.
Toda esta situación quedo al descubierto al reconocer uno de los detenidos que el citado individuo era quien le había 350 euros para empadronarlo y había utilizado sus datos para poner el contrato de arrendamiento a su nombre.
El grupo de investigación de la UCRIF continúa con la investigación, encontrándose pendiente la detención de otros miembros de la trama no localizados hasta el momento.
