El Consell de Govern ha aprobado este miércoles el Decreto ley 1/2026, impulsado por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, con el objetivo de hacer frente a la crisis económica derivada del conflicto en Oriente Medio. El paquete moviliza 160,75 millones de euros y entrará en vigor tras su publicación en el BOIB, con la finalidad de proteger el tejido empresarial, preservar los puestos de trabajo y evitar que el encarecimiento de costes repercuta directamente en la cesta de la compra.
El decreto articula un amplio conjunto de medidas económicas. En primer lugar, activa 75 millones de euros en líneas de crédito a través de ISBA para garantizar la liquidez de empresas y autónomos. A ello se suman 36,75 millones en ayudas directas dirigidas a los sectores más afectados, con especial atención a la doble insularidad de Menorca y Eivissa y la triple insularidad de Formentera.
Dentro de estas ayudas, el sector primario recibirá 13,5 millones de euros, distribuidos en partidas para inversiones agrarias (5 millones), sobrecostes de alimentación del ganado (3,5 millones), fertilizantes (1,5 millones), otros insumos (1 millón), bonos de producto local (1 millón) y compensaciones por el aumento del combustible agrícola y pesquero (750.000 euros cada uno).
El transporte contará con 9,75 millones, incluyendo 6 millones para mercancías, 750.000 euros para transporte discrecional, 500.000 euros para el sector del taxi y 2,5 millones para el desguace de vehículos.
Por su parte, la industria, la construcción y el comercio dispondrán de 13,5 millones, con ayudas específicas para pymes, bonos comerciales y compensaciones al transporte de exportadoras.
MEDIDAS FISCALES Y DE AGILIZACIÓN
El texto incorpora además medidas para agilizar la tramitación de ayudas mediante refuerzos de personal y simplificación administrativa, así como un paquete fiscal valorado en 4 millones de euros. Entre ellas, destaca la recuperación de la deducción por hipotecas a tipo variable, la bonificación del 50% de tasas portuarias —y del 100% para pescadores— y una nueva deducción que evitará que las ayudas percibidas por personas físicas tributen en el IRPF.
Asimismo, el decreto establece mecanismos para revisar los precios en contratos de obra pública y servicios ante la escalada de costes, con el fin de garantizar la viabilidad de las adjudicaciones. Finalmente, incluye la cobertura legal para aplicar una subida salarial del 1,5% a los empleados públicos de la comunidad autónoma, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Este incremento salarial surge a propuesta del PSIB, según ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa.
