A primera vista resulta difícil de entender que un presidente del Gobierno rodeado de tantos escándalos políticos y malos resultados pueda seguir conservando posibilidades reales de revalidar el poder. La lógica del ciudadano corriente invita a pensar que la ineficiencia de sus políticas —la degradación institucional, el deficiente mantenimiento de las infraestructuras, el encarecimiento del coste de la vida, la creciente división social, los incumplimientos o los reiterados escándalos de corrupción—, deberían acabar provocando un severo castigo electoral. Sin embargo, la política no siempre funciona así.
Existe una tendencia a imaginar que los gobiernos ganan o pierden las elecciones en función del bienestar general alcanzado por la sociedad. Es una visión razonable, pero incompleta. En la práctica, un presidente no necesita satisfacer por igual a todos los ciudadanos; le basta con conservar el respaldo de aquellos grupos cuyo apoyo resulta imprescindible para mantenerse en el poder.
En el caso de Pedro Sánchez, el éxito político depende de mantener cohesionados a aquellos grupos cuyo respaldo resulta suficiente. Entre ellos cabe distinguir, al menos, cuatro. En primer lugar, los partidos separatistas, cuya influencia parlamentaria resulta decisiva. En segundo lugar, la izquierda ultra, con la que comparte buena parte de su proyecto político. En tercer lugar, una amplia red de personas y colectivos que obtienen beneficios materiales o profesionales de la acción gubernamental. Finalmente, existe un cuarto grupo, menos visible pero igualmente importante. Se trata de quienes encuentran en el discurso socialista —la igualdad, el control social de la economía, el «no a la guerra», etc.— una fuente de legitimidad moral. Son ciudadanos que tienen la sensación de formar parte del lado correcto de la historia y de defender causas superiores, con total independencia de la acción del Gobierno y de los resultados de sus políticas.
Mientras una parte suficiente de esos grupos permanezca cohesionada, el mal desempeño de las políticas públicas pierde capacidad para alterar el equilibrio político. El deterioro del acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias, el aumento constante de la presión fiscal o la impunidad de golpistas y otros delincuentes pueden generar malestar entre amplios sectores de la población, pero no necesariamente entre quienes constituyen el núcleo imprescindible del apoyo al Gobierno.
Algo parecido ocurre con los casos de corrupción. Quien observa la política desde fuera suele pensar que los múltiples escándalos de esta naturaleza deberían provocar un rechazo frontal e inmediato. Sin embargo, cuando los beneficiarios consideran que el proyecto político sigue sirviendo a objetivos que juzgan prioritarios —o cuando la alternativa ha sido previamente demonizada—, los escándalos tienden a relativizarse, justificarse o simplemente minimizarse. La lealtad política termina imponiéndose a la exigencia ética.
La continuidad en el poder constituye, en sí misma, la mayor recompensa política. Si el coste electoral de una mala conducta es inferior al beneficio de conservar cohesionada la propia coalición de apoyos, los incentivos para rectificar disminuyen considerablemente. Dicho más llanamente, lo decisivo no es tanto el juicio del conjunto de la sociedad como la capacidad del gobernante para mantener satisfecho al grupo del que realmente depende su permanencia. La política democrática no siempre premia a quien gobierna mejor; con demasiada frecuencia premia a quien sabe mantener unida la coalición de apoyos que necesita para seguir gobernando.
Queda entonces una pregunta inevitable: ¿qué está haciendo la oposición para romper esa dinámica? Hasta ahora, parece haber concentrado buena parte de sus esfuerzos en denunciar los malos resultados económicos y sociales y los numerosos casos de corrupción. Esa estrategia puede movilizar a quienes ya están descontentos, pero difícilmente atraerá a quienes siguen identificándose con el proyecto político de Pedro Sánchez. De hecho, solo una parte de ese cuarto grupo mencionado podría cambiar su intención de voto, ya que los separatistas, la izquierda ultra y los beneficiarios del clientelismo tienen fuertes incentivos para mantener la actual coalición.
Por eso, para ampliar su respaldo, la oposición necesita ofrecer algo más que una crítica. Debe articular un proyecto social e institucional capaz de disputar el terreno moral sobre el que hoy se sostiene una parte del apoyo al Gobierno. Sin una visión alternativa de la sociedad, será difícil atraer a quienes todavía consideran que, pese a la deficiente gestión y los escándalos, el actual Ejecutivo representa una causa superior.
En este sentido, sostengo que, aunque resulte difícil, siempre es preferible una verdad incómoda a una mentira reconfortante. La realidad no acaba adaptándose a las ideas; son las ideas las que, tarde o temprano, terminan estrellándose contra la realidad. Sin disputar la legitimidad moral del adversario, la actual oposición —además de mantener el riesgo de permanecer dividida— puede no conseguir reunir los apoyos suficientes para impulsar un verdadero cambio. Y, en esas circunstancias, el próximo resultado electoral puede diferir del que hoy anticipan las encuestas, haciendo que la política termine recompensando las malas conductas.
