La Delegación del Gobierno en las Islas Baleares, a través de la Abogacía del Estado, ha retirado los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra los acuerdos del Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma, Andratx, Campos, Alaró y Santa Eugènia sobre el complemento retributivo de carrera horizontal de los empleados públicos.
La nueva delegada del Gobierno, Rosario Sánchez, solicitó el pasado día 27 de junio a la Abogacía del Estado en Baleares que se interesara en iniciar los trámites para el desistimiento de todos estos procedimientos. De esta manera, Sánchez cumplió la voluntad que manifestó en su toma de posesión del cargo.
Delegación de Gobierno ha explicado en un comunicado que la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas establece el procedimiento para que la Abogacía del Estado en Baleares desista de acciones o recursos.
Así, se precisa una autorización expresa por parte de la Abogacía General del Estado que, previamente, ha de recabar un informe de los organismos correspondientes que contenga los motivos jurídicos que fundamentan la disposición de la acción procesal.
SÁNCHEZ OBTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA DESISTIR DE LOS RECURSOS
La delegada del Gobierno ha cumplido con este procedimiento y la Abogacía del Estado en la comunidad ha obtenido este lunes la autorización expresa para desistir de los recursos presentado contra el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma, Andratx, Campos, Alaró y Santa Eugènia, con los informes previos favorables por parte de los ministerios de Política Territorial y Función Pública, y de Hacienda.
Los motivos jurídicos expuestos en estos informes, que fundamentan la retirada de los procedimientos, se centran en que no consta que las retribuciones de la carrera profesional de estas corporaciones locales supongan infringir la masa salarial global establecida para los trabajadores públicos en los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, en las motivaciones para el desistimiento también se señala que, con la entrada en vigor el pasado 27 de junio de la Ley 6/2018 por la que se modifican diversas normas del ordenamiento jurídico de Baleares, ya ha quedado regulado en la normativa autonómica el acceso a la carrera profesional.
La delegada ha informado de las acciones realizadas a los responsables de las administraciones implicada, así como a los de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores públicos en estos recursos.
LA DELEGADA DEL GOBIERNO AFIRMA QUE "ERA URGENTE" ACTUAR
La delegada del Gobierno en Baleares, Rosario Sánchez, ha asegurado que era "muy urgente actuar" y proceder a la retirada de los recursos interpuestos por la anterior Delegación del Gobierno y ha destacado su "voluntad política acompañada de un escrupuloso respeto" a la Abogacía del Estado.
Así se ha expresado en rueda de prensa Sánchez después de anunciar que la Delegación del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado en Baleares, ha retirado los recursos contencioso administrativos interpuestos en su momento en contra de los acuerdos del Consell de Mallorca y de los ayuntamientos de Palma, Andratx, Campos, Alaró y Santa Eugènia sobre el complemento retributivo de carrera horizontal de los empleados públicos de estas corporaciones locales, la denominada carrera profesional.
Sánchez ha expresado que, tras su toma de posesión, "se ha abierto una etapa de diálogo y colaboración del Gobierno central con el resto de administraciones" y ha recalcado que "ha venido para ponerse al servicio de las personas para resolver problemas y mejorar los servicios públicos".
Para hacerlo posible, ha dicho, era necesario "revertir la situación". Así, ha defendido su "voluntad política de resolver de la mejor forma posible los distintos recursos que la Delegación había interpuesto contra diversas administraciones de las Islas".
De este modo, solicitó a la Abogacía del Estado cuál era la situación procesal de dichos recursos y, así, poder "valorar cómo se podía llegar a una solución y desistir si era posible", ha explicado la delegada.
Rosario ha asegurado que han sido "días de trabajo intenso" y ha destacado también la retirada del recurso contra Pollença y Capdepera por las convocatorias de ayudas a la normalización lingüística.
Sánchez ha remarcado que los motivos jurídicos que fundamentan la retirada de los procedimientos se centran en que no consta que las retribuciones de la carrera profesional de estas corporaciones locales supongan infringir la masa salarial global establecida para los trabajadores públicos en los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, en las motivaciones para el desistimiento también ha señalado que, con la entrada en vigor el pasado 27 de junio de la Ley 6/2018 por la que se modifican diversas normas del ordenamiento jurídico de Baleares, ya ha quedado regulado en la normativa autonómica el acceso a la carrera profesional.
ALREDEDOR DE 6.000 AFECTADOS
Por otro lado, desde la Delegación del Gobierno se ha destacado que hay alrededor de 6.000 afectados y que esta noticia es "una alegría para todos y en beneficio de los trabajadores públicos y sus familias". Así, los empleados pasarán a cobrar un "complemento que se ajusta a sus capacidades de esfuerzo y dedicación".
Asimismo, Sánchez ha agradecido a los sindicatos "el intenso trabajo por los derechos de los trabajadores que se ha mantenido hasta el final".
En esta línea, representantes de los sindicatos de UGT y CCOO han valorado esta actuación. Así, han dicho que la anterior delegada del Gobierno, Maria Salom, "recompensaba una política encabezada por Ciudadanos (Cs) y usaba a los empleados públicos como rehenes", teniendo "a 7.000 personas con sus complementos sin cobrar".
En este sentido, han asegurado que "la movilización sirve". "La Delegación ha tomado una decisión porque había una movilización muy importante, los empleados públicos estaban indignados", han expresado desde UGT.
Por su parte, desde CCOO han calificado de "muy positiva" esta acción y han constatado que "la voluntad política para enderezar el camino se ha manifestado". "Agradecemos y aplaudimos esta voluntad política", han añadido.
"Para los cerca de 6.000 empleados públicos se abre una nueva situación y etapa y se recupera un derecho conseguido a través de la negociación y la movilización", han remarcado.
Por su parte, la regidora de Función Pública y Gobierno Interior, Aurora Jhardi, ha agradecido a Sánchez "esta decisión tan rápida" y ha defendido que "el acuerdo de la carrera profesional era política y jurídicamente viable desde todo momento".
Además, ha destacado que se trata de un complemento "de los más de 2.400 trabajadores municipales por el que se ha luchado desde el primer minuto del mandato municipal junto con las organizaciones sindicales".
Asimismo, el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, también ha expresado este martes que se siente "contento y orgulloso" y ha dado las gracias a la Delegación por "esta sensibilidad".
Finalmente, Ensenyat ha indicado que se trataba de "una cuestión puramente política" y que "responde al derecho de autonomía y soberanía de las administraciones".
