Setenta mil actuaciones en un año. Es la cifra que ha presentado esta semana el Ilustre Colegio de Abogados de Illes Balears, y que debería bastar para que cualquier responsable político se detuviera a pensar. No es una cifra abstracta: son personas sin recursos que han necesitado un abogado para defenderse ante un juzgado, personas detenidas que han tenido derecho a asistencia letrada a cualquier hora del día, familias que dependen de un sistema que, mientras crece la demanda que atiende, pierde a los profesionales que lo sostienen.
Porque ese es el dato que de verdad debería alarmarnos. En el último quinquenio, Balears ha perdido a un 12 por ciento de los letrados adscritos al turno de oficio, hasta quedarse en poco más de 630. Y la razón que dan quienes abandonan no es la vocación, que muchos de ellos llevan ejerciendo durante décadas de forma prácticamente altruista, sino el trato que reciben de una Administración que exige cada vez más y retribuye cada vez peor. Retribuciones ínfimas, pagos que llegan tarde y mal, actuaciones enteras que no se cobran porque no figuran en el baremo del Ministerio. A eso hay que sumarle una Ley de Eficiencia que, lejos de aliviar la carga, ha añadido una fase de negociación previa que el propio Estado, más de un año después de su entrada en vigor, todavía no ha sido capaz de dotar de medios gratuitos para quienes menos tienen.
El turno de oficio es el mecanismo que impide que el ejercicio de un derecho dependa de la capacidad económica de quien lo invoca
El resultado es una paradoja que debería incomodar a cualquier gobierno. Una reforma bautizada como "de eficiencia" está generando justamente lo contrario. Jueces, fiscales, funcionarios y abogados llevan meses coincidiendo en el mismo diagnóstico, desde la caída de sistemas informáticos que obliga a suspender juicios hasta la denuncia de una Asociación Profesional de la Magistratura que resume la situación con una frase que debería doler: los juzgados trabajan "sin ordenadores, casi sin papel". Cuando prácticamente todos los actores del sistema judicial —no la oposición, no un sector ideológico concreto, sino quienes lo hacen funcionar cada día— alertan de lo mismo, no estamos ante un problema de comunicación ni ante una reforma que necesita "tiempo para asentarse". Estamos ante un fallo de diseño y de ejecución que el Ministerio se resiste a reconocer.
El turno de oficio no es un servicio menor ni una prestación asistencial más. Es, como recordaba recientemente un magistrado del Tribunal Supremo, el mecanismo que impide que el ejercicio de un derecho dependa de la capacidad económica de quien lo invoca. Cuando ese servicio se debilita, no se debilita un gremio profesional: se debilita el Estado de derecho mismo, porque deja de garantizar lo mismo a todos los ciudadanos con independencia de su cuenta bancaria.
Balears no puede permitirse observar este deterioro con la displicencia con la que, por lo visto, lo observa Madrid. La comunidad ya arrastra un atasco judicial que deja a 200.000 personas pendientes de una resolución, casi el doble que las listas de espera sanitarias, y una singularidad añadida que el propio colegio de abogados ha señalado sin rodeos: el coste de la vivienda en las islas expulsa a los funcionarios que la Justicia necesita retener. Añadir a ese escenario una fuga sostenida de letrados del turno de oficio no es un problema que vaya a resolverse solo con más plazas convocadas a bombo y platillo, si esas plazas no vienen acompañadas de los medios materiales, la retribución digna y la planificación que el sistema lleva años reclamando sin que nadie, hasta ahora, haya querido escuchar.
La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que el Gobierno anuncia desde hace meses no puede seguir siendo una promesa aplazada. Cada mes que pasa sin ella es un mes más en el que la defensa de los más vulnerables descansa, en la práctica, sobre la buena voluntad de unos profesionales cada vez más cansados y cada vez menos numerosos. Y una democracia no puede permitirse depender de la buena voluntad para garantizar algo tan básico como el derecho a la defensa.
