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El CSIF recurre el decreto de catalán en Salut y pide su nulidad por 'discriminatorio'

El CSIF recurre el decreto de catalán en Salut y pide su nulidad por "discriminatorio"

martes 08 de enero de 2019, 16:45h
CSIF ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que regula la capacitación lingüística en catalán del personal estatutario del Servicio de Salud de Baleares y ha pedido su nulidad.
El sindicato ha señalado en un comunicado que dicho decreto discrimina el acceso a un empleo público, bloquea la carrera profesional y la movilidad voluntaria del personal.

Afirman que el decreto "exige el conocimiento de catalán al personal estatutario para acceder a un puesto de trabajo público, lo que supone una discriminación para aquellos que no acrediten el nivel exigido, bloqueando de manera ilegal su derecho a la carrera profesional y a la movilidad voluntaria".

El sindicato asegura que "la lengua debe ser un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la Sanidad Pública y suponga una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que recogen la Ley de la Función Pública de Baleares, así como el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución".

CSIF afirma en el recurso que el decreto cuya nulidad reclaman "incurre en la regulación de aspectos relativos a los derechos de los funcionarios públicos que son reserva de ley".

Añaden que establece "un sistema de penalizaciones y limitaciones respecto a aspectos tan relevantes en la carrera profesional como son la movilidad y el acceso a determinados concursos", por lo que consideran que "vulnera los más elementales derechos del personal al servicio de la administración".

El sindicato alega en el recurso que los derechos de los funcionarios y personal estatutario "no pueden ser limitados mediante un decreto del Govern" y señala que las excepciones y exenciones a la obligatoriedad del catalán que establece el decreto, al dar dos años para acreditar el conocimiento en determinadas plazas, son "confusas y arbitrarias".

Indican que esa exención del catalán puede utilizarse la "al antojo de quien decide; convirtiéndose la administración en elemento que fomenta, contrariamente a cuál es su deber, la inseguridad jurídica".
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