El Govern balear hará campañas de control para velar por el cumplimiento del decreto de sequía, que limitará la extracción de agua de los pozos de Ibiza y establecerá medidas para controlar su distribución.
La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, han presentado hoy en Ibiza el decreto, que se aprobará el viernes por el Consell de Govern y entrará en vigor el sábado.
Armengol ha asegurado que esta medida servirá para afrontar "la emergencia medioambiental de Ibiza" y ha criticado que a pesar de que la isla lleva años en esta situación "no había planificación ni trabajo hecho por los anteriores gobernantes".
Según Vidal, se trata de "un paquete de medidas urgentes" destinadas a la ciudadanía y a los ayuntamiento.
En concreto, las medidas dirigidas a la población prevén la reducción de la capacidad de extracción al 15 %, excepto para el sector agrícola que sólo disminuirá un 10 %, y la obligación de que el agua que sirven los camiones proceda de desaladoras.
Como ya se ha anunciado también se suspenden la concesión de autorizaciones para nuevas perforaciones, aunque se permitirán mejoras y mantenimiento en las existentes.
Para controlar el cumplimiento, los suministradores de agua privados y públicos deberán informar cada tres meses al Govern el volumen de agua suministrado, el origen de la extracción y el destinatario.
Según el conseller Vidal, hasta el momento no se llevaba ningún control de la cantidad de agua extraída de los pozos de la isla, por lo que Ibiza tiene "todo un sistema de distribución de agua descontrolado".
El decreto establecerá sanciones graves para quienes no cumplan con el mínimo de extracción o efectúen extracciones ilegales.
Aun así, el Govern anunciará las campañas de control que realizará porque el objetivo "no es sancionar sino que no se extraiga más agua", ha señalado el conseller.
En cuanto a los ayuntamientos, el decreto les obligará a hacer una auditoría sobre las fugas que tienen sus tuberías, para establecer acciones concretas y terminar con las fugas de agua.
Aquellos que superen el 25 % de pérdidas, deberán hacer un plan de gestión y plantearse objetivos de reducción.
Las medidas se extenderán hasta que los indicadores marquen que se ha estabilizado la situación, que se prevé en seis meses.
