El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a actuar por su cuenta y riesgo, esta vez en el siempre delicado ámbito de la náutica recreativa. La reciente decisión de permitir el alquiler de embarcaciones de la lista séptima —la de uso particular— supone abrir aún más la espita de la saturación en las aguas de Baleares, que ya sufren una presión náutica sin precedentes. Una medida adoptada sin diálogo, sin consenso y, sobre todo, sin tener en cuenta la capacidad real de carga de nuestro mar ni las peticiones de las asociaciones implicadas.
El Govern balear ha mostrado su oposición frontal. Y hace bien. Porque mientras aquí se pelea por limitar fondeos, regular amarres y proteger la posidonia, desde Madrid se impulsa otra vía de entrada de barcos de alquiler bajo la bandera del negocio fácil y rápido.
Mientras aquí se pelea por limitar fondeos, regular amarres y proteger la posidonia, desde Madrid se impulsa otra vía de entrada de barcos de alquiler bajo la bandera del negocio fácil y rápido.
El problema no es solo medioambiental —que lo es, y grave— sino también de modelo. Baleares no puede seguir aceptando sin rechistar decisiones unilaterales que agravan la saturación turística, la masificación y la explotación sin control de recursos naturales finitos, azuzando el intrusismo en el sector del chárter náutico.
Los socialistas, tanto los que gobiernan en Madrid como los que hacen oposición en Baleares, deberían reflexionar si su papel es defender los intereses del archipiélago o plegarse a las imposiciones centralistas.
El mar balear, como las islas, tiene un límite. Permitir que barcos particulares se alquilen sin más, es dinamitar la línea roja que costó años de esfuerzo y consenso dibujar. No es progresista ni sostenible ni justo. Es, sencillamente, irresponsable.
Se trata de una actuación contraria a los intereses de la ciudadanía, del sector náutico y perniciosa desde múltiples puntos de vista. Incluso parecería hecha para perjudicar, adoptada desde Madrid, al margen de las instituciones de autogobierno de Baleares e insulares.
3 respuestas
Los rojos haciendo la táctica de tierra quemada, no falla. Y luego se ponen detrás de la pancarta a quejarse de que los demás no arreglan sus desastres
Tipico comentario sin apenas fundamento argumental y prejuicioso. Asi nos va …
Creo que tengo derecho a opinar, debido a que yo estoy en el sector con lista 6a desde el año pasado. Dispongo de una lancha para ocho pasajeros. Está muy bien que se haga frente común, como dice el artículo, ante el intrusismo que puede esto ocasionar. Ya ocurría antes y ahora parece que está medida va enfocada a reflotarlo tanto en la vertiente de su comercializacion como la en vertiente fiscal (las listas 7a deberán darse de alta en Hacienda y hacer sus liquidaciones correspondientes). Para mi, está medida sería asumible si no hubiera suficientes listas 6a (no es el caso). Por lo tanto, más se parece a una medida también para incentivar la venta de barcos en lista 7 por su atractivo de cara a su rentabilidad. No obstante, para los 6a como nosotros, supone competencia desleal por todos los protocolos, declaraciones responsables, ITB, botiquines, certificados de suficiencia de Marina Mercante y etc. Creo que es una medida que, a medio plazo va a acarrear más siniestros, aumentar los seguros de embarcaciones y las aglomeraciones. Está muy bien defender el medio ambiente, pero no si es solo de boquilla. En mi embarcación tengo compromiso contra plásticos de un solo uso.