El ministro de Justicia, Rafael Catalá, debe haberse arrepentido enormemente de haber lanzado una propuesta aberrante contra la libertad de prensa. Recordemos que en unas polémicas declaraciones hechas en un acto en Barcelona, se mostró partidario de abrir un debate público para garantizar la confidencialidad de los sumarios judiciales y sancionar duramente a los funcionarios que protagonizan filtraciones a la prensa o bien multar al medio que publica la información.
Como es natural, la crítica ha sido unánime. No solo de las asociaciones profesionales y sindicatos de periodistas, sino también de los partidos políticos incluido en Partido Popular. Por este motivo el titular de Justicia se vio obligado a recular, matizando que el Gobierno no tiene sobre la mesa ninguna propuesta en el sentido de sancionar a los medios de comunicación.
No parece creíble que el ministro Catalá se metiese en un jardín del que solo podía salir con barro hasta las cejas, sin ninguna reflexión previa al respecto. La idea de 'matar al mensajero' es aberrante y atenta contra derechos fundamentales. Máximo cuando las filtraciones a menudo se producen por parte de funcionarios públicos. Es ahí donde el Estado debe actuar para defender la legalidad y los derechos de los investigados, en especial su honor y su derecho a la presunción de inocencia. No son los medios de comunicación publicando noticias veraces quienes conculcan los derechos de nadie, sino aquellos profesionales que infringiendo las normas, efectúan confidencias y filtran documentos protegidos por el deber de reserva e incluso por el secreto de las actuaciones.
Quizás el ministro de Justicia se equivocó. O quizás lanzó deliberadamente una propuesta para ver si alguien la apoyaba. No hay que descartar nada.
