En concreto, el pleno debatirá la toma en consideración de la proposición de ley registrada por Vox para modificar la ley autonómica de educación e introducir, entre otras cuestiones, la vehicularidad del castellano. Esta iniciativa no será sin embargo admitida a trámite si no hay cambios en el sentido de los votos.
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, aseguró el miércoles, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, que su postura en contra de esta proposición de ley no ha cambiado.
"Nos mantendremos en la opción que dijimos el primero día, el PP votará en contra de que se admita a trámite. Respetamos que la presentaran, pero el acuerdo de presupuestos no es este", señaló.
El 'popular' mostró su compromiso de cumplir con lo pactado con Vox en lo que respecta a la inclusión de la vehicularidad del castellano en la educación, pero no de la manera en la que lo proponen los de Santiago Abascal.
A su parecer, el texto presentado por Vox traspasa algunas "líneas rojas" del PP como la ley de normalización lingüística, el decreto de mínimos o la autonomía de centro.
Minutos antes, en su correspondiente rueda de prensa, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no había descartado que el PP pudiera finalmente cambiar el sentido de su voto.
"La esperanza es lo último que se pierde. Lo único que les hemos pedido por activa y por pasiva es que se admita a trámite esta ley y que se discuta en el Parlament", dijo.
De cualquier modo, desvinculó --como ya hizo la semana pasada-- la aprobación de ninguna ley o decreto a la posibilidad de dar apoyo o no a unos nuevos presupuestos autonómicos.
El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, reiteró que su grupo parlamentario no dará apoyo a esta iniciativa y aventuró que "el nivel de lío que tiene el PP en su relación con Vox puede hacer esperar cualquier cosa".
El líder parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, confió en que el martes que viene "todo el mundo cumpla con su palabra" sobre su posicionamiento en contra de la proposición de ley de Vox. "Aunque haya gente que últimamente falta bastante a su palabra", apostilló en una referencia velada al PP.
La diputada de Més per Menorca Joana Gomila, por su parte, consideró que la propuesta de Vox supone "un ataque directo a nuestra lengua, a la autonomía educativa y a las Islas".
LA POLÉMICA DE LAS AMBULANCIAS
La sesión plenaria de la semana que viene también incluirá una interpelación a la consellera de Salud, Manuela García, que previsiblemente girará en torno a la polémica relacionada con la compra de ambulancias que exceden los 3.500 kilos y que, por lo tanto, no pueden ser conducidas por la mayoría de trabajadores del Gsaib al no disponer de un carnet tipo C.
Sobre esta cuestión habló este miércoles el portavoz adjunto del grupo socialista --los proponentes de esta interpelación--, quien consideró necesario que se asuman responsabilidades políticas.
También, adelantó Pons, le preguntarán por "los problemas que se le están acumulando" a García, entre ellos las listas de espera, la falta de transparencia o la contratación del responsable del Área de Salud de Ibiza y Formentera.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, también formulará una pregunta sobre la mala gestión de Gsaib. A su parecer, los problemas en la entidad pública van más allá de la compra de las citadas ambulancias e incluyen, entre otros, "una conflictividad laboral terrible".
La sesión de control al Govern, por su parte, estará marcada por preguntas sobre temas como la huelga de los socorristas, la previsión de entrega de viviendas protegidas, el anteproyecto de la ley agraria, el techo de gasto, la justicia fiscal, los presupuestos o el reparto de menores migrantes.
Precisamente, sobre las negociaciones para la aprobación del techo de gasto, Cañadas cree que estas aún no han comenzado por que el Govern no ha presentado el calendario de cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron para los presupuestos autonómicos de este año.
El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, consideró que el hecho de que el Govern todavía no haya registrado en el Parlament su techo de gasto es muestra de sus "incertezas e inseguridades en materia económica".
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, defendió que tanto su partido como el Govern son "serios" y "hacen su trabajo".
La diputada de Més per Menorca Joana Gomila, por su parte, reiteró que su partido no valorará si dar apoyo al techo de gasto "hasta que el Govern no cumpla los acuerdos asumidos en el pasado", en referencia a la no derogación de la ley de memoria democrática.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, aseguró finalmente que "ni en un principio ni en un final" se plantea extender su apoyo al Govern para el techo de gasto.
En relación al reparto de menores migrantes, la portavoz de Vox en el Parlament reclamará al PP "que no coja ese dinero" al creer que supondrá "un efecto llamada" para que sigan llegando migrantes en patera a las Islas. "Y que si reciben este dinero, algo a lo que no creo que se vean obligados, que vaya dirigido a la seguridad, a la sanidad, a las familias o a vivienda".
ORGANIZACIONES CIVILES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
El pleno del próximo martes debatirá asimismo la toma en consideración de una proposición de ley, promovida por el Fòrum de la Societat Civil y respaldada por todos los grupos de la izquierda, que pretende fomentar una participación más transparente de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil en las decisiones políticas.
Bautizada como la ley de la sociedad civil, de momento el inicio de su tramitación tiene el apoyo de la izquierda, el rechazo de Vox y las dudas del PP, que aún no ha desvelado el sentido de su voto.
El portavoz adjunto del PSIB destacó la importancia de una iniciativa que dará más peso a unas organizaciones civiles que "han tenido la capacidad de hacer batallas sociales y cambiar para bien decisiones políticas en más de una ocasión".
Pons expresó sus recelos por la falta de posicionamiento del PP, a quien instó a "no permitir más retrocesos en materia democrática" y permitir la tramitación de la proposición de ley.
Minutos después, al ser preguntado al respecto, Sagreras dijo que todavía tienen que estudiar cuál será el sentido de su voto.
En cualquier caso, el 'popular' defendió que "no es necesario añadir burocracia y tramitación" a los órganos constituidos por cada conselleria y que la soberanía popular reside "en la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas".
Desde Vox adelantaron su negativa a una iniciativa que creen que la izquierda ha promovido con la intención de lograr "más influencia y financiación para sus chiringuitos y asociaciones afines".
El pleno del próximo martes debatirá finalmente la convalidación del decreto ley de medidas urgentes en materia de servicios sociales aprobado por Consell de Govern el pasado viernes y que permitirá dar cobertura legal a la subida salarial acordada con los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia (FASD).
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, aseguró tener el apoyo de PP, PSIB, MÉS per Mallorca, Llorenç Córdoba y otros diputados no adscritos.
El portavoz del PP en la Cámara confió en que a día de hoy se mantengan esos apoyos expresados y se pueda consolidar una norma que responde a "una demanda totalmente legítima" de los trabajadores.
