El Grupo Parlamentario de El PI ha presentado sus propuestas de mejora al documento inicial de nuevo Régimen Especial (REB) en el que piden la transferencia de los puertos de Maó, Eivissa, La Savina y Alcúdia. Entienden que al tener la consideración de interés general. En estos momentos, su gestión corresponde a la Autoritat Portuària de Balears. El PI ha excluido de su petición el puerto de Palma. Exigen que la misma se haga extensiva a todos los puertos de las Islas sea cual sea su naturaleza: deportivos, de refugio... Estos segundos no registran actividad comercial de tránsito de pasaje o mercancías.
BONIFICACIONES AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Según el portavoz de El PI en el Parlamento, Jaume Font, es "necesario mejorar y simplificar las bonificaciones del transporte de mercancías". Así entre las aportaciones realizadas destaca que los descuentos en el transporte de mercancías se apliquen de manera inmediata en la factura de transporte que realiza la compañía naviera. Es decir, que el sistema funcione como el descuento de residentes, con la aplicación directa del descuento y no a posteriori como ahora.
En este ámbito también se pide que la bonificación sea para todas las mercancías transportadas (con las únicas excepciones impuestas por normativa europea y española). La compensación del coste del servicio de transporte o flete se debe hacer más sencilla y fácil de evaluar: si el contrato no es para contenedores, se debe compensar el coste por camión o metro lineal (en Balears el 97 % del transporte de mercancías se hace con camiones y sólo el 3% en contenedores).
Además, El PI considera necesario que los costes subvencionables del flete deben incorporar también el importe del combustible, los servicios portuarios obligatorios, los impuestos indirectos (IVA) y los seguros obligatorios.
REB AGRARIO
En cuanto al sector agrario, se pide que tenga un apartado especial en la creación de una reserva para inversiones recogida en el documento de trabajo del REB. Estas ayudas podrán destinarse a inversiones para reducir el coste de producción o reorientar las actividades agrarias, para adaptarse a las normativas europeas de mejora medioambiental o bienestar animal o para subvencionar hasta el 10% la compra de terrenos nos los que no se haya de edificar, en los mismos términos que tiene Canarias en este tipo de subvención.
