Responsabilidad del Ministerio

El pleno del Ayuntamiento de Palma pide la paralización del polvorín de Son Sant Joan

Vista del aeropuerto de San Joan con hangares y cercas
Base Aérea de Son Sant Joan.

El proyecto del nuevo polvorín en Son Sant Joan ha generado preocupación en los vecinos de Sa Casa Blanca, quienes denuncian riesgos para la seguridad y falta de información. El Ayuntamiento de Palma ha aprobado instar al Ministerio de Defensa a paralizarlo.

El proyecto del Ministerio de Defensa para construir un nuevo polvorín con capacidad para 75.000 kilos de explosivos en la base aérea de Son Sant Joan ha encendido las alarmas entre los vecinos del barrio palmesano de Sa Casa Blanca, que temen por su seguridad y denuncian la falta de información institucional.

Durante el pleno del Ayuntamiento de Palma celebrado este jueves, el portavoz de la Asociación de Vecinos de Es Pla de sa Casa Blanca, Pere Sansó, advirtió que el futuro almacén de explosivos “supondrá un peligro evidente para el vecindario” y criticó que los residentes se enteraran del proyecto “por la prensa”.

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Sansó explicó que, según la documentación pública, el polvorín se ubicará a unos 300 metros de las viviendas más cercanas y a un kilómetro del núcleo urbano, donde hay familias, colegios, comercios y parques.

“Por muchas medidas de seguridad que se apliquen, tener este almacén a unos centenares de metros supone un riesgo potencial. En caso de conflicto bélico seríamos un blanco, nos pondrá una diana a los vecinos de Sa Casa Blanca”, afirmó.

El portavoz vecinal reprochó también al PSOE, porque el proyecto “proviene del Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles”, y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, “por considerarlo perfecto”.

Sansó pidió al Ayuntamiento de Palma que se posicione públicamente en contra y reclamó a todas las instituciones de Baleares “buscar la manera de detener” la iniciativa.

OPOSICIÓN VECINAL

El asunto centró buena parte del debate municipal a raíz de dos mociones presentadas por Unidas Podemos y MÉS per Palma, que reclamaban declarar Palma “ciudad de paz” y frenar la militarización.

La regidora Lucía Muñoz (Unidas Podemos) acusó a los socialistas de “hipocresía” por “guardar silencio ante el genocidio en Gaza” mientras no rechazan el polvorín. “No han movido un dedo para frenarlo; la derecha es igual de cómplice que ustedes”, espetó.

Por su parte, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, defendió que “en la capital balear no se debe jugar con la guerra”. “Hay que desmilitarizar las sociedades para lograr la paz y la convivencia”, subrayó, y advirtió que si los socialistas “no sabían nada, es grave; si lo sabían y callaron, aún más”.

Desde el equipo de gobierno, la portavoz Mercedes Celeste ironizó con que la izquierda “presente ahora mociones contra su propio Gobierno después de años callando”. “El Ejecutivo central ha actuado de espaldas a la ciudadanía y con ocultismo absoluto”, criticó.

El socialista Pepe Martínez reconoció que el proyecto “podría haberse explicado mejor”, aunque defendió que “se han publicado numerosos documentos” y pidió “un discurso más sosegado”.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, cerró el debate defendiendo la necesidad de que las Fuerzas Armadas “estén correctamente dotadas”. “Ustedes, los separatistas y comunistas, son especialistas en confundir y pretenden que el Ejército del Aire no cumpla con su misión”, recriminó a la izquierda.

Finalmente, y tras cambios en el sentido del voto de PP y PSOE, el pleno del Ayuntamiento de Palma aprobó instar al Ministerio de Defensa a paralizar el proyecto y denunciar públicamente su “falta de transparencia”, además de exigir participar en la planificación de cualquier infraestructura militar que se construya en la ciudad.

FLOTILLA

El debate se cerró con un nuevo enfrentamiento entre Lucía Muñoz y el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, por la participación de la regidora en la Global Sumud Flotilla y su ausencia prolongada del Consistorio. Muñoz le llamó “miserable” al alcalde Jaime Martínez, a lo que Bonet replicó: “Miserable es cobrar 6.000 euros y no venir a trabajar en dos meses”.

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