El Ministerio de Defensa ha licitado la construcción de un almacén de explosivos —un polvorín tipo iglú— dentro del perímetro de la Base Aérea de Son Sant Joan, del Ejército del Aire y del Espacio, un proyecto adjudicado por unos 1,8 millones de euros y diseñado para almacenar hasta 75.000 kilos de material explosivo. La obra tiene un plazo de ejecución de nueve meses y forma parte del plan de modernización de infraestructuras del Ejército del Aire y del Espacio.
La instalación se proyecta a unos 400 metros en línea recta del pueblo de Sa Casa Blanca, un núcleo con unos 1.500 habitantes empadronados, y todavía más cerca de fincas rurales con casas, explotaciones agrícolas (principalmente de forraje), establos y granjas con caballos. Los vecinos denuncian que se han enterado por los medios de comunicación y lamentan que nadie les ha informado. Además, alertan del riesgo que supone concentrar semejante cantidad de material explosivo junto a un aeropuerto civil y una zona habitada.
CRÍTICAS POLÍTICAS
El proyecto ha generado un rechazo político casi unánime.Desde Més per Mallorca, el diputado Vicenç Vidal ha exigido “la inmediata paralización y anulación” del plan, acusando a Defensa de actuar “de espaldas a la ciudadanía” y de convertir Baleares en “un portaviones militar del Mediterráneo”.
El Govern balear también ha expresado su malestar. Su portavoz, Antoni Costa, admitió no haber sido informados por el Gobierno y pidió “explicaciones claras” sobre los motivos de la ubicación y los posibles riesgos para la población.
El Partido Popular, por su parte, se ha mostrado prudente al reconocer la necesidad de reforzar infraestructuras de seguridad, pero reclamando “transparencia absoluta y coordinación institucional”.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, defendió el proyecto alegando que la base “es una instalación estratégica de Defensa” y que el almacén responde a necesidades logísticas “habituales en cualquier instalación militar”.
El PI, Proposta per les Illes, a través de un comunicado exigió explicaciones al Gobierno central sobre el almacén proyectado en Son Sant Joan. “Los mallorquines no se pueden enterar por la prensa de lo que se hace en su casa. Y considera “inaceptable” la licitación del proyecto “sin informar previamente a las instituciones de Baleares ni dar ninguna explicación sobre sus objetivos y características”. “No puede ser que los mallorquines nos enteremos por la prensa de estas cosas”, lamentó Tolo Gili, presidente del Pi.
🟢 El Pi exige explicaciones sobre el almacén de misiles y bombas de Son Sant Joan. https://t.co/RXaZcvCZr7
— El Pi-Proposta per les Illes Balears (@ElPi_IB) October 14, 2025
La concejala de Podemos en Cort y coordinadora autonómica de la formación, Lucía Muñoz Dalda, denunció "la militarización del aeropuerto". "Es un aeropuerto civil por el que pasan más de 20 millones de turistas al año y nos pone en peligro. No queremos rearme, no queremos más armas, queremos menos vuelos. Esta militarización de las islas nos pone en peligro y si quieren bombas, que las metan en su casa", manifestó a su llegada a Palma tras regresar de la Flotilla a Gaza.
Si quieren bombas, que las metan en su casa pic.twitter.com/j2JG9Qyew5
— Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) October 14, 2025
CCOO
Desde el sindicato Comisiones Obreras Illes Balears, se reafirman en su condición de “organización defensora de la paz y la cooperación entre pueblos y Estados”. Y recuerdan que “desgraciadamente, Palma ya conoce lo que supone tener un polvorín. Este año 2025 se cumplen 130 años de la explosión del Ravellín de Sant Ferran que se llevó la vida de 97 trabajadores, entre ellos mujeres y niños. Por lo anterior, es nuestro parecer que la ubicación que se le pretende dar al almacén de explosivos no es la más adecuada”, explican a mallorcadiario.com fuentes autorizadas de la organización sindical.
VECINOS
El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, detalla la construcción de un almacén semienterrado de hormigón armado, con medidas de seguridad específicas y control perimetral reforzado. Sin embargo, no consta ningún estudio público de impacto ni de riesgo para los núcleos próximos o para la operativa del aeropuerto de Palma.
Josep Antoni, vecino de Sa Casa Blanca, se muestra preocupado por la cercanía del depósito de munición al núcleo de población en el que, recuerda, hay un colegio público, el CEIP Sa Casa Blanca. “¿A ti no te preocuparía tener 75 toneladas de bombas a 400 metros de tu casa?”, pregunta de forma retórica.
Antonia, otra vecina de la localidad, afirma estar indignada. “No queremos este almacén. Por aquí sólo hay almacenes agrícolas, lo demás no lo queremos tan cerca. Que lo lleven a Puntiró”, explica.
Otro vecino, Llorenç, afirma que preparan una plataforma vecinal para impedir que se construya el depósito de bombas en Son Sant Joan.
REVELLÍN DE SANT FERRAN
La ubicación de un depósito de explosivos cerca de un núcleo de población hace recordar la explosión del polvorín de Sant Ferran, ocurrido el 25 de noviembre de 1895 en Palma de Mallorca, constituye una de las tragedias laborales más devastadoras de la historia de las Islas Baleares. Este incidente tuvo lugar en el revellín de Sant Ferran, una estructura defensiva situada fuera de las murallas de la ciudad, en la
En esa época, el Ejército español almacenaba grandes cantidades de munición obsoleta en instalaciones como el polvorín de Sant Ferran. Para aprovechar los materiales de estos cartuchos, el contratista Gabriel Padrós adquirió una partida de 13.770.020 cartuchos defectuosos y subcontrató su desarme a un grupo de trabajadores, en su mayoría mujeres y niños, quienes se encargaban de desmontar los cartuchos para recuperar pólvora, plomo y latón. Estas tareas se realizaban en condiciones de seguridad precarias y sin medidas adecuadas de protección.
La explosión se produjo alrededor de las 14:00 horas, cuando un operario golpeó accidentalmente un fulminante, lo que provocó una reacción en cadena que afectó a una gran cantidad de cartuchos almacenados. La fuerza de la detonación fue tan intensa que los cuerpos de las víctimas fueron lanzados a gran distancia, y la ciudad quedó cubierta por una densa humareda.
La tragedia causó la muerte de al menos 97 personas, aunque algunas fuentes sugieren que el número real podría haber sido superior. La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños que trabajaban en el desarme de los cartuchos. Los heridos fueron numerosos, y muchos de ellos fallecieron posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones.
La explosión causó una gran conmoción en la sociedad de la época y puso de manifiesto las condiciones laborales inhumanas a las que estaban sometidos los trabajadores, especialmente las mujeres y los niños. Las autoridades locales y nacionales iniciaron investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.
Finalmente, el contratista Padrós fue considerado responsable por imprudencia temeraria y condenado a tres años y tres días de prisión, además de ser obligado a indemnizar a las víctimas con 1.000 pesetas por cada fallecido.
En memoria de las víctimas, se erigió una placa con la inscripción: “En memoria de las víctimas de la explosión del Polvorín del Revellín de San Fernando. 25 Noviembre 1895. El Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad dedica esta lápida. 25 Noviembre 1934”. Esta placa se encuentra en la plaza situada frente a la Delegación de Hacienda de Palma, en el actual calle Cecili Metel.
