¿Qué ha supuesto para usted el reciente cambio en el organigrama del Govern?
— Más trabajo. Se asumieron nuevas competencias, como cooperación e inmigración, que ya conocía, y se creó la Dirección General de Cooperación Local, que era muy necesaria. Por otra parte, dejo Función Pública, un área que me gustaba, pero creo que el nuevo organigrama que ha diseñado la presidenta Marga Prohens ordena mejor la legislatura. En definitiva, más retos, pero dentro de un Govern transversal donde todos estamos implicados en todas las materias.
El asunto más urgente ahora es la llegada masiva de inmigrantes irregulares. El Consejo de Ministros ha declarado la emergencia migratoria. ¿Están satisfechos?
— No. El Gobierno de España reconoce de facto lo que lleva más de un año negando: que la ruta migratoria hacia Baleares está consolidada. Nosotros lo advertimos con datos. Ellos se han visto desbordados y ahora improvisan con medidas provisionales, como las carpas en los puertos. Mejor que tener a la gente tirada en la carretera, sí, pero insuficiente. Además, la emergencia migratoria caduca el 31 de diciembre. ¿Y después qué? Me parece de vergüenza que arreglen su problema y que no nos den herramientas a nosotros.
¿A quién responsabiliza el Govern de la actual situación?
— Estamos desbordados. Tenemos una llegada indiscriminada de pateras, que desciende en Europa y en el resto de España y aquí se incrementa. Es culpa del Gobierno de España. Los consells insulars tenían 76 plazas ordinarias para menores. Hoy acogemos a más de 700. Hemos ampliado inmuebles y recursos sin parar, pero ya no damos abasto. Y mientras, el Estado nos exige llegar a 1.200 plazas para empezar a ayudarnos. Es una barbaridad. A un menor no se le puede dejar en un inmueble. Necesita integración, atención y dignidad.
Desde el PSOE les acusan de racismo institucional. ¿Qué responde?
— Que es falso. Atendemos a menores de todas las razas y procedencias. No es una cuestión de color de piel, sino de capacidad. Nos llaman racistas para tapar sus responsabilidades. Si Armengol o Cladera estuvieran en el lugar de Prohens o Galmés, ¿actuaría igual el Gobierno central? Estoy convencida de que no.
¿Por qué no se sientan con el delegado del Gobierno en Baleares y los consells insulares para buscar una solución?
—Porque el delegado no quiere. Los consells y la presidenta del Govern, Marga Prohens, han pedido cita para abordar este tema y no ha habido voluntad de reunirse. El delegado representa al Gobierno de España en Baleares y debería ayudar a los ciudadanos, no hacer oposición.
¿Están diciendo que el Gobierno central actúa contra Baleares por motivos políticos?
— No tengo pruebas, pero la sospecha es evidente. Hay comunidades que han quedado fuera del reparto. ¿Por qué? Me da que pensar que si aquí hubiera un gobierno del mismo color político, la política migratoria sería otra.
¿Qué le piden al Gobierno central, concretamente?
— Tres cosas: activar Frontex en Baleares, declarar la emergencia migratoria (no solo humanitaria) y habilitar la contingencia para poder actuar con recursos extraordinarios.
El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, asegura que ya se han reforzado Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Cruz Roja. ¿Qué más quieren?
— Responsabilidad institucional y datos claros. Queremos información, coordinación y medios. La política migratoria es competencia del Estado, y son sus decisiones en política exterior —como enemistarse con Argelia— las que nos han convertido en destino de las rutas de inmigración irregular.
El Govern ha recurrido judicialmente las decisiones del Gobierno. Pero ese es un proceso lento. ¿No es un brindis al sol?
No podemos quedarnos de brazos cruzados. Defenderemos los intereses de Baleares por todas las vías. Lo que no haremos es aceptar una política migratoria injusta y arbitraria.
Cambiando de asunto, ¿Cree que es posible avanzar?
— Es imprescindible. El aeropuerto es la puerta de entrada y salida. Hemos sufrido un verano con obras mal planificadas que han puesto en riesgo a trabajadores y visitantes. No pedimos expulsar al Estado, pero sí tener voz y capacidad de decisión. Que exista una comisión de cogestión o coparticipación es de justicia. No puede ser que Aena solo use el aeropuerto como caja registradora.
