El nuevo registro permitirá identificar solares y edificios en situación de abandono o incumplimiento de deberes urbanísticos, y habilitará al consistorio a impulsar procedimientos sancionadores, de sustitución forzosa o incluso expropiación para generar suelo público destinado a vivienda protegida.
El Ayuntamiento ha detallado que la herramienta ayudará a frenar la especulación y a recuperar espacios degradados.
Además, el municipio mallorquín ha iniciado el proceso para ser reconocida como zona tensionada, una figura prevista en la Ley estatal por el derecho a la vivienda que permitiría limitar incrementos del alquiler, justificar subidas superiores al IPC y movilizar viviendas vacías.
La medida, ha apuntado el gobierno local, responde al encarecimiento sostenido del mercado y al riesgo de expulsión residencial de jóvenes y familias.
El procedimiento incluirá un análisis "exhaustivo" del mercado local, la elaboración de una memoria técnica y jurídica y la remisión de la solicitud al Govern balear con apoyo del Consell de Mallorca.
El consistorio iniciará ahora los trabajos técnicos para desarrollar el reglamento, el calendario de aplicación y los trámites administrativos correspondientes.
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